“Visualizamos en esta postergación de plazos la posibilidad de formular un proceso de fijación de aranceles regulados mucho más participativo”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Emilio Rodríguez Ponce, quien expuso este martes en la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La instancia parlamentaria inició la revisión del proyecto de ley que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación. Estos cobros están establecidos en el Título V de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, para el financiamiento institucional para la gratuidad.
La iniciativa, calificada con suma urgencia, se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras ser despachada en julio por el Senado y fue presentada a la comisión por la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa.
En la ocasión, el rector de la Universidad de Tarapacá destacó que en mayo, el pleno del CRUCH acordó acoger la invitación de la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, para participar en nuevo proceso de fijación de aranceles regulados, luego de que la autoridad decidiera impugnar las bases técnicas elaboradas por la administración anterior.
En este contexto, Emilio Rodríguez planteó que el CRUCH tomó el acuerdo de apoyar este proyecto de ley corta, concordando una serie de consideraciones “relevantes para el desarrollo y funcionamiento armónico del sistema universitario”.
Principio de no detrimento
Una de las consideraciones establecidas por el Consejo se vincula con el establecimiento de un principio de no detrimento para las instituciones de educación superior.
“Para trabajar en un marco de armonía en el funcionamiento y desarrollo del sistema de educación superior es importante que exista este primer principio básico, que implica que la definición de los aranceles regulados no signifique menores ingresos para las instituciones que forman parte del sistema”.
Al respecto, la secretaria general del CRUCH, Angélica Bosch, sostuvo que se debe resguardar la solvencia y sustentabilidad de las instituciones de educación superior, especialmente las universidades de excelencia y complejas, como son las instituciones que pertenecen al CRUCH. “Nos preocupa que debido a una restricción presupuestaria pueda existir, por ejemplo, un mecanismo de compensación de las transferencias en el sistema, pero que no resguarde este principio de no detrimento para las educaciones de educación superior”, explicó Bosch.
Revisión de Ley N°21.091
Una segunda consideración planteada por el Consejo es que mientras se suspenda el proceso de fijación de aranceles, resulta indispensable considerar opciones que apoyen el financiamiento institucional de las entidades de educación superior.
En este contexto, el vicepresidente ejecutivo del CRUCH manifestó que esto supone una revisión y un análisis urgente de las implicancias que generan los artículos 108 y los artículos transitorios 35 y 38 de la Ley N°21.091.
“Estos artículos generan impactos significativos en varias universidades. Los cálculos preliminares, en términos de los costos asociados al artículo 108, es que superan los 30 mil millones de pesos al año. Además, los artículos 35 y 38 afectan significativamente a algunas instituciones en particular”, explicó Rodríguez.
Por otro lado, el rector de la U. de Tarapacá planteó que se debe considerar que los aranceles deben adecuarse a la realidad de universidades complejas, donde existen costos fundamentales para una formación integral de calidad, vinculados a investigación (que se incluyen dentro del traspaso a docencia), programas de extensión y de vinculación con el medio y otras actividades complementarias de formación como pasantías o programas de intercambio.
“Es muy difícil dejar de lado los lazos casi indisolubles que existen entre docencia de pre y postgrado, investigación y la vinculación con el medio (…) Por lo tanto, se debiera entender que estos vínculos bien podrían y deberían expresarse en la definición de los aranceles regulados”, dijo Rodríguez.
Modelo integral y mesa de trabajo
El vicepresidente ejecutivo del CRUCH afirmó que la cuarta consideración de las rectoras y rectores es que es necesario que la implementación de aranceles regulados considere un modelo integral, que incorpore la totalidad de las carreras.
“De esta manera, las universidades podrán conocer los efectos de los aranceles en la planificación de mediano y largo plazo, pese a que su implementación pueda ser gradual por grupos de carreras”, explicó Rodríguez.
La autoridad universitaria destacó que este punto está siendo abordado por la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la propuesta metodológica presentada a los representantes de las universidades del CRUCh en reunión sostenida el viernes 05 de agosto de 2022.
Rodríguez añadió que, en lo procedimental, desde el Consejo se considera esencial constituir una mesa de trabajo con las agrupaciones de instituciones de educación superior, representantes de académicos, funcionarios y estudiantes de instituciones adscritas al financiamiento institucional para la gratuidad.
En este contexto, sostuvo que en este nuevo proceso “hemos tenido mucho mayor oportunidad de plantear ideas y posiciones en esta discusión. Lo hemos hecho a través de nuestras agrupaciones, como el propio CRUCH, pero las instituciones también han tenido la oportunidad de hacer planteamientos a la Subsecretaría y, en consecuencia, vemos que es un proceso mucho más participativo”.
La presentación de rector Rodríguez está disponible en este link: https://youtu.be/4leMOlkC4Z4
