Por unanimidad, la Cámara Alta respaldó el proyecto de acuerdo por medio del cual se acordó “condenar la ruptura de la democracia y el orden constitucional en Venezuela derivada, entre otras causas, de la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela por la Asamblea Nacional Constituyente, consolidando una dictadura en esta Nación”.
El texto fue presentado por los senadores Isabel Allende, Carolina Goic, Ena Von Baer, Andrés Allamand, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Manuel Antonio Matta, Carlos Montes, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez Varela, Jorge Pizarro, Rabindranath Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Cabe recordar, que durante la semana pasada el Congreso Nacional representado por el presidente de la Comisión de RREE, Hernán Larraín y el diputado Jorge Sabag, suscribió la declaración de Presidentes de Parlamentos por la crisis en Venezuela, en donde representantes de una decena de parlamentos demandaron la «restitución del Estado de Derecho, el efectivo cumplimiento de los principios republicanos de gobierno y el inmediato restablecimiento de las competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela». Revise texto relacionado.
En la misma línea, el proyecto de acuerdo aprobado por la Sala del Senado señala que “no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente ni a sus actos, por quebrantar la Constitución de Venezuela y carecer de legalidad y de legitimidad”.
Los legisladores instaron además a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a que “se continúe otorgando asilo político a los venezolanos que se sientan perseguidos por el gobierno autoritario de Nicolás Maduro, tal como sucedió con los cinco magistrados que estaban alojados en la embajada chilena y a quienes se les otorgó este beneficio”.
El proyecto de acuerdo también demanda “la restitución del Estado de Derecho, el efectivo cumplimiento de los principios republicanos de gobierno, y el inmediato restablecimiento de las competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela”.
REPUDIA LA VIOLENCIA
El texto legal también “repudia la violación sistemática de los derechos humanos al pueblo venezolano y, en particular, la persecución de los miembros de la Asamblea Nacional democráticamente electos”.
Considera además “reclamar el inmediato cese de la violencia y la garantía del libre ejercicio de las libertades públicas. Exigir la liberación de los presos políticos y el término de la represión a los opositores, así como el fin de la persecución a funcionarios de los otros poderes del Estado”.
Los legisladores chilenos también hacen presente que respaldan la cláusula democrática establecida en diversos organismos internacionales de la región y exigir su aplicación inmediata en Venezuela.
“Solicitan ratificar que la vía electoral democrática es la única salida a la crítica situación que se vive en Venezuela. La celebración de elecciones libres, secretas, directas, universales con observación internacionales e independientes, permitirá la transición democrática que tanto anhela el hermano pueblo venezolano”. Así como “rechazar el golpe, el autogolpe o la intervención militar extranjera como salida a esta situación”.
Por último, instan a la urgente adopción de medidas que permitan mitigar la profunda crisis humanitaria por la que está atravesando el pueblo de Venezuela.
CONSIDERACIONES
El documento hace presente en sus considerandos que «actualmente la República Bolivariana de Venezuela vive un conflicto político, económico y social de carácter agudo, hecho que ha generado una fractura entre la oposición y el gobierno, la arbitraria detención y persecución de dirigentes y algunas autoridades elegidas democráticamente que se oponen al régimen del Presidente Maduro, masivas manifestaciones en las calles y la muerte de cientos de venezolanos que han sido víctimas de la fuerte represión implementada por las fuerzas de seguridad del Estado.
Que ante esta realidad, el gobierno de Venezuela, a pesar del llamado de la comunidad internacional a solucionar dichos problemas dentro del marco de la legalidad y de la vía pacífica, ha radicalizado aún más su postura.
Que la elección de la Asamblea nacional Constituyente evidencia una vulneración a la Constitución vigente en dicho país, por cuanto desde el origen de la misma se han empleado métodos evidentemente fraudulentos en su conformación y funcionamiento, desconociendo las normas y reglamentos electorales vigentes.
Que es inaceptable que desde el día 18 de Agosto del presente año, la Asamblea nacional Constituyente haya asumido competencias de la Asamblea nacional de Venezuela, consolidando aún más el camino hacia una dictadura».
