“¿A cuántas personas más han espiado en forma ilegal, a cuántos periodistas, autoridades políticas, a jueces, a cuántos ministros de la Corte de Apelaciones han engañado bajo la justificación de que son una amenaza a la seguridad nacional?”, cuestionó el diputado PS Leonardo Soto, quien presentó en agosto del 2019 una querella en el Ministerio Público por las escuchas telefónicas y espionaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) en el marco de la Operación Topógrafo y W.

A juicio del parlamentario, “los antecedentes que se disponen indican que no es normal, natural ni tampoco legal que los servicios de inteligencia del Ejército se dediquen a interceptar comunicaciones telefónicas de personas que hacen denuncias o investigan corrupción, como en este caso. La DINE debe ser intervenida y revisarse todas las escuchas telefónicas que han realizado. Hoy día están fuera de control”.

Las reacciones se dan luego que de Ciper revelara un documento que muestra cómo el Ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Weibel. Al respecto, Soto aseguró que “la DINE no sólo espió de manera ilegal a denunciantes de corrupción sino que también engañó a dos poderes del Estado, primero al poder judicial, a un ministro de la Corte de Apelaciones para obtener de manera fraudulenta las autorizaciones para interceptar teléfonos, y segundo, al poder legislativo, a diputadas y diputados de varias comisiones del Congreso, para no ser descubiertos”.

“Todo para encubrir escuchas ilegales aludiendo que existía una amenaza a la seguridad nacional, cuando en realidad, el único elemento en común de todas estas personas es que denunciaban elementos de corrupción al interior del alto mando del Ejército”, recriminó el legislador.

MINISTRO DE DEFENSA ENCUBRIÓ O LE MINTIERON

El diputado Soto también dejó caer sus dudas sobre las declaraciones que entregó el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, quien “avaló plenamente la versión del Comandante en Jefe del Ejército, es decir, o encubrió toda esta operación ilegal o el Ejército le mintió a un secretario de Estado”.

En esa línea, el parlamentario requirió un pronunciamiento del Gobierno. “Exigimos una explicación del Gobierno, del ex ministro de Defensa, Alberto Espina y del actual titular Baldo Prokurica. No se puede aceptar el silencio del Gobierno tratándose de un caso tan grave de espionaje o escuchas ilegales a civiles”.

“La inteligencia militar no puede estar al servicio del espionaje político y sobre todo, para encubrir la corrupción castrense”, concluyó el legislador.