Todo se remonta al 24 de junio de 2018, cuando un reportaje emitido por televisión denunció presuntas irregularidades en informes de distintos organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename); y un posible fraude de prestaciones del Estado.
Se trata de una prueba determinante que tienen los jueces de familia para dictar el ingreso de los menores a sus programas y que, entre los años 2014 y 2017, fueron duplicados para su uso en múltiples casos. Por este hecho, hay cinco instituciones colaboradoras involucradas.
Para analizar la situación referente a esta investigación penal, la Comisión de Asuntos de la Infancia del Senado citó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio, a la jueza de familia Mónica Jeldres, de la Asociación Nacional de Magistrados; y a Emilia González, en representación del Sename.
En diciembre de 2019, la causa fue archivada provisionalmente por la Fiscalía Centro Norte. “El fiscal hizo uso de sus facultades legales, en virtud de la cual estimó que, con las diligencias practicadas a esa fecha, procedía el archivo provisional de la investigación”, explicó el presidente del CDE, pese a las recomendaciones de dicho organismo.
Por esto, Peribonio precisó que el CDE volvió a querellarse en abril pasado por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, con el fin de tomar nuevas declaraciones, obtener los informes en cuestión y determinar la cuantía del monto del perjuicio fiscal. En este punto, el ente precisó que sólo en 2017 las instituciones investigadas realizaron prestaciones por 4 mil millones de pesos.
El ministro Larraín reconoció que, hasta la emisión del reportaje en 2018, “no teníamos los antecedentes hasta ese minuto” y que, desde entonces, junto con la intervención del CDE, se instruyeron mejoras en la supervisión y oferta programática con estándares de UNICEF.
La asesora de la Dirección Nacional del Sename, Emilia González (quien reemplazó en la cita a la renunciada Susana Tonda), agregó que durante la investigación se hizo revisión a 1.900 pericias de organismos colaboradores, de los cuales 960 corresponden a las instituciones involucradas. Además, reconoció que se evidenciaron inconsistencias técnicas que fueron corregidas, pero que “en su rol” no constituían un fraude.
En tanto, la jueza Mónica Jeldres, explicó que “los informes actuales que describen las habilidades y déficits del entorno familiar, sin la posibilidad de que los profesionales puedan interrogar, determina un deficiente conocimiento de los hechos e incrementan el error en un número importante de sentencias judiciales”.
Las senadoras Ena von Baer y Ximena Rincón valoraron la decisión del Consejo de Defensa del Estado, pero cuestionaron que las instituciones involucradas no hayan sido suspendidas por el Sename. Al respecto, González explicó que “es un proceso en desarrollo” y que “no hubo indicios de que fuera un fraude sistemático”, pese a reconocer la existencia de patrones en los documentos.
La senadora Rincón profundizó en la situación de los menores involucrados en dichos informes y pidió un levantamiento de información respecto de las medidas de acompañamiento. “Claramente hemos visto que el tribunal toma decisiones en base a informes que no son suficientes y lo más preocupante es qué pasa con los niños que hay detrás de todos esos informes”, sentenció.
