Avanzar en medidas concretas para solucionar la crisis migratoria, especialmente en la zona macronorte, dando garantías al respeto de los derechos humanos tanto de los migrantes como de las comunidades de chilenos que viven en ciudades fronterizas, fueron algunos de los aspectos abordados en una extensa sesión especial del Senado impulsada por la Mesa de la corporación y donde hubo coincidencia en el transversal rechazo a la violencia, en especial, “la de tintes xenófobos”.

No obstante, el debate también tuvo momentos de tensión cuando los senadores Alejandro Navarro y Felipe Kast aludieron directamente a «los responsables» de la crisis migratoria en el norte, pues el primero acusó “al presidente Piñera de acciones populistas”; mientras el segundo recordó que “ha sido el régimen de Nicolás Maduro el responsable de uno de los mayores desplazamientos en la región”. En la misma línea, el senador Francisco Chahuán responsabilizó a algunos candidatos presidenciales y a distintos personeros de avalar «vulneraciones a los derechos humanos».

En la oportunidad, expusieron los ministros subrogantes del Interior y Relaciones Exteriores, Juan Francisco Galli y Carolina Valdivia, respectivamente, además de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, la Subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato y representantes del Servicio Jesuita Migrante, Carlos Figueroa.

Los representantes del Ejecutivo ahondaron en el diagnóstico de las causas de esta inmigración irregular proveniente principalmente, desde Haití entre los años 2017 y 2018 y en el último periodo desde Venezuela y que se ha agudizado con motivo de la pandemia. Detallaron la agenda impulsada por el gobierno en torno a promover una “migración ordenada “y dieron a conocer las cifras de ciudadanos en situación irregular, su ubicación por regiones, datos demográficos y etarios, así como la instalación de albergues y las condiciones con las que contarán.

En tanto, el representante del Servicio Jesuita Migrante, enfatizó que “se requieren soluciones para esta crisis humanitaria y la primera respuesta es el reconocimiento del carácter de refugiados de la gran mayoría de las personas”. Señaló que «desde que se creó la visa de responsabilidad democrática, la han solicitado más de 400 mil personas y solo se ha otorgado a un 14% de quienes postulan».