Con la decisión de abrir «un espacio de diálogo y análisis permanente en torno a la agenda de Seguridad Pública, impulsando la creación de una Comisión Bicameral» concluyó la Sesión Especial del Senado, convocada para abordar estas materias, especialmente, después de un recrudecimiento de hechos de violencia delictual. Así lo dio a conocer la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz al término de la sesión que prolongó por más de tres horas.

La sesión estuvo marcada por el violento asesinato del agricultor de Victoria, Orwald Casanova, en la Región de La Araucanía; así como por un intenso operativo que, en forma paralela, se desarrollaba en la localidad de Temucuicui y donde varios detectives de la PDI, resultaron heridos y, al menos uno de ellos, falleció.

Fue precisamente este último hecho el que impidió que expusiera el director de la PDI, Héctor Espinosa, dejando en su representación al Prefecto Paulo Contreras. También hicieron uso de la palabra el director general de Carabineros Ricardo Yáñez; los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, Henry Campos y de la Asociación de Alcaldes de Chile, Mario Olavarría; así como el director del Servicio Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, el Fiscal Nacional Jorge Abbott y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.

Al inicio de la sesión hicieron uso de la palabra los senadores José Miguel Insulza y Ximena Rincón quienes recalcaron que existe consenso transversal en la necesidad de enfrentar el crimen organizado, el control del uso de armas en actos delictuales y el narcotráfico.

En ese sentido pidieron al Ejecutivo y a las entidades especializadas «mayor información respecto a de dónde salen las armas y qué pasa con el crimen organizado y el narcotráfico, pues sobre la base de esa información adecuada podemos discutir las correspondientes modificaciones y leyes». Además solicitaron conocer la inversión comunal en planes de seguridad.

En la oportunidad, el  General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, precisó que «las policías pueden hacer lo que las leyes le encomiendan en materia de combate a la delincuencia». Asimismo indicó que durante 2020 la policía uniformada detuvo a más de 527 mil personas con más de 11 mil procedimientos solo en materia de orden público, «lo que sin duda ha concentrado recursos humanos, disminuyendo contingente para otras tareas de prevención e investigación».

En representación del Director General de Investigaciones, expuso el Prefecto Paulo Contreras, quien precisó que «una de las areas ha sido el control de drogas que ha significado la incautación de más de 23 mil kilos de drogas… así como la persecusión de bandas criminales que ha significado la intervención de más de 600 en 2020. Se han incautado más de un millar de armas de fuego y en 2020 la mayor cantidad de delitos fueron medioambiente, drogas y económicos».

En nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades expuso el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Henry Campos, quien señaló que «es importante entender que no solo basta -aunque es importante- presentar proyectos de ley para endurecer penas por diversos delitos y crear una defensoría de las víctimas creo que se requiere un debate con todos los actores, incluyendo Aduanas, la Armada… Hoy tenemos que abordar también una reforma a las policías».

Por su parte, el Alcalde de Colina, Mario Olavarría, en su calidad de Presidente de la Asociación de Alcaldes de Chile, manifestó su preocupación por el aumento de la violencia delictual con balaceras, encerronas y otros hechos que van generando un ambiente de inseguridad, impunidad y preocupación. «Son delitos que han ido mutando y mi impresión es que durante muchos gobiernos ha habido una mano bastante blanda con el narcotráfico que finalmente, es el que está detrás de estos hechos».

En nombre del Servicio Nacional de Aduanas intervino su director, José Ignacio Palma, quién contextualizó que su servicio «no tiene atribuciones para prohibir importación de armas de réplica o de fogueo que ingresan como juguetes. Cuando la mercancía ingresa lícitamente, las atribuiones ya ceden hacia otras instituciones. Todo el proceso que da origen a la importación de fuegos artificiales y de armas, debe ser autorizada por la Dirección General de Movilización Nacional».

Po su parte, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, valoró el proyecto para combatir el crimen organizado y aseveró que «creemos que ambas policías deben tener idénticas facultades para fiscalizar la tenencia de armas y que han incidido en el aumento de la violencia de los delitos y de la tasa de homicidios». Agregó que «el Ministerio Público  ha ampliado el ámbito de acción de las unidades de investigación incorporando el tema de las armas y la persecusión de las organizaciones de narcotráfico».

NECESIDAD DE COORDINACIÓN

La senadora Luz Ebensperger, precisó que el tema de la seguridad pública ha estado siempre dentro de los temas de mayor preocupación de la población. Sin embargo, hoy ha mutado, conocemos casos de sicariato y agrupaciones ilegales que lucran de los préstamos gota a gota, bajo la amenaza y agresión. En la región de Tarapacá enfrentamos una migración ilegal muy alta y la seguridad  requiere muchos eslabones que deben coordinarse»

El senador Felipe Kast, pidió un minuto de silencio por el agricultor asesinado Orwald Casanova, en la Región de La Araucanía. Precisó que «en lugar de culparnos unos a otros, deberíamos asumir que todos hemos fracasado. Hay un problema estructural que afecta a nuestra democracia». Por ejemplo, cuando se rechaza el proyecto que sanciona el robo de madera que mueve millones de dólares, hemos visto cómo hemos dilatado el trámite de proyectos que sancionan el uso de menores en delitos o los que ingresan celulares a las cárceles».

En tanto, el senador Felipe Harboe, afirmó que «lamentablemente, reducimos la agenda de seguridad al control y persecusión pero este es un fenómeno multicausal y la forma de abordarlo también debería tener ese enfoque. Junto con la prevención social se requiere un trabajo interinstitucional para que el sistema actúe en conjunto y complementariamente. También llegó el momento de hacerse cargo de la rehabilitación y la formación».

El senador Carlos Montes,  reflexionó sobre «la necesidad de abordar esta realidad con una visión de conjunto», y recordó que en 2016 impulsó junto a otros parlamentarios un proyecto para suspender la comercialización de armas por un periodo, de modo de hacer un ordenamiento. Asimismo, coincidió en el sentido que «Carabineros requiere una reforma no solo una modernización».

El senador Juan Antonio Coloma, precisó que «todos compartimos un sentimiento de angustia frente a este clima de violencia, mas aún cuando justo hoy coincide con el asesinato del agricultor Orwald Casanova en La Araucanía. Creo que debemos enfrentar algo en que todos coincidimos: el narcotráfico está matando la convivencia social y la democracia. Hay que abordar los temas urgentes con nuevas atribuciones legales».

ACUERDOS AMPLIOS Y A LARGO PLAZO

A su turno, la senadora Yasna Provoste precisó que «la respuesta del gobierno ha sido sorpendernos con improvisaciones legislativas y quiero señalar, por ejemplo, que el proyecto sobre robo de madera, era un mal proyecto y, por lo tanto, está archivado». Por eso, «debemos abordar en profundidad este tema porque se requieren acuerdos amplios y de largo plazo. Aquí no es solo represión y militarización sino que se debe abordar en todas sus dimensiones sociales con políticas de Estado».

El senador Kenneth Pugh, recordó que «durante los últimos 20 años, todas las encuestas consignan que la seguridad pública es una de las principales preocupaciones. Entonces, la pregunta correcta es: ¿tenemos bien definido el problema?. Necesitamos una visión holística, integral y con una aproximación ideológica sobre el sistema judicial, los derechos humanos y las responsabilidades de las personas. Por eso se requiere una institucionalidad a cargo: un Ministerio de Seguridad Pública».

El senador Juan Pablo Letelier, afirmó que «vivir tranquilos y el derecho a la seguridad es responsabilidad del Estado y, a pesar de ello, no somos capaces de establecer una garantía de que no habrán armas en manos de ciudadanos. Parte del problema es el acceso a armas y municiones y el acceso a drogas. Hoy hay más armas no inscritas y esto no solo tiene que ver con medidas legislativas».

El senador Jaime Quintana, condenó el «horrendo asesinato del agricultor Casanova», ocurrido en Victoria. Señaló que «las balaceras y el narcotráfico campean en las poblaciones. Nadie se siente más seguro y lo que predomina es la incertidumbre y la sensación de abandono a todo nivel. Creo que el gobierno tiene muchas herramientas para combatir la delincuencia y quiero recordar que poco antes del estallido suscribimos un acuerdo en materia de control de armas».

CONDOLENCIAS

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A su vez, el senador José García Ruminot expresó «las condolencias a la familia del agricultor, Orwald Casanova y a todos los agricultores que desde hace demasiado tiempo viven en total inseguridad y por salir a trabajar exponen su vida. La Araucanía está profundamente herida y eperamos que no sean muertes en vano y no queden en la impunidad y sepamos quienes están detrás».

El senador José Miguel Durana, precisó que «se debe establecer una política integral para revisar y sincerar que tenemos un problema político, porque hay parlamentarios que tratan de presentar inciativas que debilitan la persecusión de delitos y generan inseguridad en la población. Ojalá que despues de esta sesión especial se forme una agenda legislativa urgente».

En tanto, el senador Francisco Chahuán explicó que «durante este gobierno ha habido una buena disposicion para generar una agenda de seguridad pública pero ha faltado disposición para cumplir con las urgencias. Por eso hago un llamado a generar una estrategia para abordar sistémicamente el avance del narcotráfico y evitar la impunidad».

El senador Alejandro Guillier, recalcó que «cuesta aprobar proyectos para otorgar mayores atribuciones a instituciones que están sufriendo una severa crisis y cuando no se abordan problemas de fondo, tales como, la presencia del Estado en el apoyo de las poblaciones más vulnerables, especialmente, en tiempos de pandemia».

El ministro Delgado, se sumó a las expresiones de condolencias por el asesinato del agricultor Orwald Casanova que «nos debe llevar a una profunda reflexión», dijo. «El diagnóstico está claro porque hay una condena transversal a resolución violenta de conflictos». Recordó que «el gobierno llamó a un acuerdo nacional por la seguridad pública y hay una estrategia de base pero la contingencia nos ha llevado a considerar diversas medidas».