La admisibilidad del libelo fue rechazada tras reunirse 71 votos a favor de ella y 76 contrarios. Por efecto de ello, concluye su trámite en la Corporación y se entiende por no presentada la acusación desde la perspectiva formal.
Seis horas duró en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el tratamiento de la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Luego de la presentación de la parte acusadora, a cargo de la diputada Camila Rojas (Comunes); y de la defensa, por medio del abogado Jorge Gálvez, se abrió el debate de las bancadas (ver más abajo). Inmediatamente después vino la votación: 71 votos apoyaron la admisibilidad, mientras que 76 la rechazaron.
Por efecto de dicho resultado, concluye su trámite en la Corporación y se entiende por no presentada la acusación desde la perspectiva formal.
Planteamiento de las bancadas
En el tiempo para justificar el voto por parte de cada bancada, el primero en hacer uso de la palabra fue el diputado de la DC Mario Venegas. Destacó que atentar contra el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes “es de la mayor gravedad”. Sostuvo que “no resiste justificar la infracción” por parte de la defensa del ministro.
Aseguró que era deber del secretario de Estado proponer y evaluar planes y políticas para hacer frente a las demandas de este tiempo. Como el ministro no lo habría hecho, señaló que es “deber jurídico y político” votar a favor, anticipando dicha posición en la mayoría de su bancada.
Desde el Partido Radical, José Pérez enfatizó que la acusación “se justifica plenamente” por el “pésimo manejo” que ha tenido el Ministerio durante la pandemia. “Se han cometido graves errores”, criticó. Agregó que será recordado como “el peor ministro de Educación del país”. Ello, por haber sido “indolente” e incapaz de mantener un diálogo constructivo con el Colegio de Profesores.
El diputado Luis Pardo, en representación de la Bancada de Renovación Nacional, llamó a descartar la acusación. Pidió hacer pesar los criterios objetivos y no dejarse llevar por opiniones políticas.
Dijo que es legitimo tener puntos diferentes respecto de la forma en cómo se han enfrentado algunas materias, pero no asociar ello a faltas constitucionales o legales. Además, sostuvo que ninguna de las afirmaciones de los acusadores tiene sustento y defendió las políticas impulsadas por el Mineduc, que han sido avaladas por organismos y autoridades, tanto internacionales como nacionales.
“El Plan Retorno Seguro ha permitido que hoy más de 10 mil establecimientos puedan abrir sus puertas para familias que así lo decidieron”, remarcó.
(En construcción)
