Por más de 5 horas sesionó la Comisión ad hoc, que escuchó a los Ministerios del Interior y Defensa; al INDH, a la Cámara de Comercio, a la Sociedad Oftalmológica, entre otros expositores que se suman a las más nueve sesiones de completo análisis de la situación que vive el país.
Desde los ministerios, pasando por los testimonios de los ciudadanos afectados en materia de violencia, la situación que ha enfrentado el comercio, la visión de organismos de derechos humanos, hasta representantes de las Fuerzas Armadas y de orden, han sido escuchados latamente por los senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, instancia que ha analizado en profundidad la situación que enfrenta el país desde el 18 de octubre.
En más de nueve sesiones la Comisión ha realizado un barrido de la vivencia de todas las aristas sociales y los legisladores han sido enfáticos en que se deben resguardar los derechos humanos de todos los habitantes.
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Al respecto, y tras una serie de denuncias de heridos, el senador Alejandro Navarro, presidente de la instancia parlamentaria, llamó a “terminar de una vez con las escopetas con balines y perdigones, porque son un peligro para la gente”. En la misma línea enfatizó que “tengo la convicción que vamos a perseguir a los responsables políticos y administrativos. (…) Se nos dice que los protocolos deben cumplirse, pero no se está haciendo (…) No contribuyamos a reabrir está herida”.
A juicio del legislador hay temas pendientes, que deben ser prontamente resueltos y recalcó que están haciendo eco de lo que les señala la ciudadanía.
A su turno, el senador Iván Moreira realizó una cerrada defensa del actuar desde el Ejecutivo y de parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuestión que fue secundada por el Ministro de Defensa, Alberto Espina, quien aclaró que se han cumplido con todos los protocolos establecidos para el actuar.
En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre advirtió sobre las situaciones anómalas de violencia ocurridas en las calles en contra de civiles e instó a investigar una supuesta red de vigilancia desde Carabineros (PacoLeaks).
Por su parte, la senadora Adriana Muñoz hizo un fuerte y sentido llamado a “esclarecer las muertes. Le pregunto al INDH ¿cuál es el elemento que define cuando una situación es sistemática o no?, si llevamos 2 semanas de fuerte represión, con 23 caídos. Aquí algo no está operando, nos ha costado mucho recuperar las heridas del Golpe de Estado y esto hace muy mal, entendiendo que aún hay una herida que no está cicatrizada”.
La legisladora, junto con sus pares de oposición cuestionaron los protocolos y coincidieron en que debe haber un juicio político y responsabilidades políticas.
Desde el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, llamó a la “responsabilidad” de las palabras. “No me parece que se siembre la duda de que hay un sistema político o civil de criminalizar, eso es alejado de la realidad. (…) Cualquier delito será investigando y se va a sancionar”, señaló.
A su juicio, que existan fallecidos es “tremendamente doloroso, pero no corresponde poner en duda las actuaciones de la instituciones a cago del control de la seguridad y orden público. (…) El gobierno tiene un doble compromiso con la seguridad y el orden público y también con el respeto irrestricto en materia de derechos humanos (…)”.
Durante la última sesión, la Comisión acordó insistir con el Ministerio de salud para que asistan, además de invitar al director nuevo del SML. En otro orden se oficiará al General Director de Carabineros, Mario Rozas.
Entrando en materia, el Ministro Blumel, además dio cuenta de un recuento de los hechos y entregó un catastro de daños -principalmente del metro- que resultó con 41 estaciones con daños totales y dejó constancia que de ser necesario se va a aplicar toda la rigurosidad de la ley si se detecta irregularidades en el actuar de las policías.
El director del Instituto de Derechos Humanos, INSH, Sergio Micco, señaló que en las 116 observaciones que han realizo como Instituto han detectado falta de dialogo por parte de carabineros al tratar de controlar algunas situaciones; ausencia de avisos previos; personas heridas.
Micco reconoció que no están en condiciones de decir – hasta ahora- que hay un abuso sistemático de DD.HH. y que tampoco se pueden descartar, porque hay situaciones graves.
Desde la Defensoría Penal Pública, se dejó constancia que han detectado hechos de violencia institucional. Con datos a la vista, sentenciaron que ha habido un aumento en los controles de detención que hasta antes del estallido social eran, en promedio, 600 al día y el 20 de octubre tuvieron 2151. “Del total de las detenciones que registran, hay un 6,8% de ilegalidad”.
“Dentro de los casos graves se señalan el uso excesivo de la fuerza al momento de detenciones, desnudar en unidades policiales a mujeres, además de violencia sexual, todos estos casos ya están en el Ministerio Público”, se advirtió desde el sector.
Asimismo expuso la Sociedad Oftalmológica sobre “epidemia ocular” quienes indicaron que van más de 40 casos por trauma ocular y calificaron la situación como “una emergencia sanitaria”.
En representación de la Cámara de Comercio de Chile, Rafael Cumsille, llamó a que “se mirara el sufrimiento de los trabajadores independientes” y lamentó que al turno de su exposición ya no se encontraran presentes los Ministros de Estado.
El personero reconoció que en muchos sectores “los comerciantes no se atrevían a abrir y la caída de las ventas ha sido brutal”.
Durante la sesión también estuvieron la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu; representantes de la salud, entre otros.
