“Desprotección de los trabajadores del sector público”; “la norma intenta zanjar un debate”; “las vías manifestadas son de difícil solución a futuro”; “esto generará una nueva responsabilidad fiscal”; “hubo excesos del Tribunal Constitucional”. Estas fueron solo algunas de las diversas opiniones vertidas durante el debate en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, el que fue aprobado por 31 votos a favor y 8 abstenciones.
La iniciativa -que responde a tres mociones refundidas- precisa que el procedimiento de tutela laboral contenido en el Código del Trabajo, beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración Pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, y de las empresas públicas.
Durante la sesión se precisó que “sistemáticamente la Corte Suprema ha comprendido a los trabajadores del sector público en la tutela laboral; sin embargo el Tribunal Constitucional, en diciembre de 2018, dictó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de San Miguel respecto del inciso tercero del artículo 1° y del artículo 485 del Código del Trabajo, aspecto que fue gravitante en la mayoría de las argumentaciones.
Con todo, el proyecto se votaría en particular, durante la sesión de mañana miércoles 06, pero surgieron voces que dejaron constancia de la necesidad de darle “un tiempo prudente para la presentación de indicaciones”, tal como precisó el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.
En la oportunidad hicieron uso de la palabra los senadores Carolina Goic, Iván Moreira, José García Ruminot, Rabindranath Quinteros, José Durana, Carlos Bianchi, Andrés Allamand, Juan Pablo Letelier, José Miguel Insulza, Yasna Provoste, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla, Alejandro Navarro, Álvaro Elizalde, Luz Ebensperger, Alejandro Guillier, Pedro Araya, Carmen Gloria Aravena, Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea; además del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.
DEBATE
GOIC:
“Está pendiente una reforma más amplia, que tiene que ver con muchos aspectos administrativos, pero lo que hoy estamos discutiendo tiene que ver con garantizar los derechos laborales para los funcionarios públicos, que están consagrados en la Constitución”.
MOREIRA:
“Ha quedado al descubierto la desprotección que tienen nuestros funcionarios públicos con respecto a sus derechos. La protección para trabajadores públicos o privados, debe ser prioridad para cualquier gobierno. (…) Estoy por apoyar, pero tengo que dejar constancia que temo que las vías manifestadas sean de difícil solución a futuro”.
GARCÍA RUMINOT:
“Voto a favor la idea de legislar, pero aquí estamos extendiendo derechos que son propios de trabajadores del sector privado. (…) Esto tiene una implicancia financiera, por lo que solcito que podamos verlo en la Comisión de Hacienda y citar al Director de Presupuestos y saber el costo que representa”.
QUINTEROS:
“Este proyecto surge a partir de un nuevo exceso de una mayoría del Tribunal Constitucional y que afecta a la Corte Suprema (…). Me pregunto cómo es posible que el TC opte por no da protección a las garantías fundamentales de los trabajadores públicos (…) Se ha desvirtuado la función de este Tribunal”.
DUARANA:
“El Tribunal Constitucional no puede conocer materias laborales de funcionarios públicos, puesto que ellos tiene sus propios estatutos. (…) El sector público tendría dos ámbitos de protección, tribunales de justicia y los estatutos, estaríamos frente a funcionarios con garantías constitucionales distintas”.
