La Sala de la Cámara aprobó en general, por 139 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones, la iniciativa que modifica la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, para prohibir que se comuniquen las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, mientras este vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe con motivo de la pandemia por Covid-19 y por los 120 días siguientes.
El proyecto, que reúne siete mociones refundidas presentadas en forma transversal (boletines 13414, 13444, 13446, 13458, 13519, 13523, 13626), además, modifica la Ley 20.575, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
El texto, al ser objeto de indicaciones, fue devuelto a la Comisión de Economía para un segundo informe.
Debate parlamentario
El diputado Miguel Mellado (RN) fue el encargado de entregar el informe de la Comisión de Economía, instancia que otorgó un respaldo unánime a la iniciativa, que surgió debido a la crisis económica derivada de la pandemia, que ha afectado a personas y mipymes.
Posteriormente, intervinieron en el debate Jorge Sabag (DC), Tomás Hirsch (IND), Boris Barrera (PC), Carolina Marzán (PPD), Miguel Mellado, Jaime Naranjo (PS), Frank Sauerbaum (RN), Raúl Soto (IND) y Alejandra Sepúlveda (FRVS). En general, hubo coincidencia en reconocer la difícil situación producto del desempleo, lo que ha agravado la morosidad y generado la imposibilidad de acceder a nuevos créditos, producto de aparecer con deudas impagas en el boletín comercial.
Por su parte, el ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo entender el sentido de la propuesta legal, pero consideró que “el remedio es peor que la enfermedad” para las personas y pymes que buscan acceder al crédito.
Añadió que ocultar información financiera tendrá como efecto que existan más barreras y créditos más costosos, ya que las entidades estarán más reacias a otorgarlos, lo que implica riesgo de recurrir a mercados informales.
La autoridad mencionó, como efectos adversos, que al omitir las deudas de un solicitante de crédito, ya sea persona natural o pyme sin capacidad de pago a raíz de la crisis, se puede permitir que adquieran créditos que no pueden pagar, lo que aumenta el sobreendeudamiento; y al interrumpir la información positiva en el comportamiento crediticio de un deudor, este no podría acceder a mejores condiciones.
Contenido del proyecto
La propuesta legal incorpora un artículo transitorio en la Ley sobre protección de la vida privada que señala que los responsables de los registros o bancos de datos que traten información de carácter económico, financiero o comercial, no podrán comunicar los datos relativos a dichas obligaciones, cuando se hayan hecho exigibles con posterioridad al 18 de octubre de 2019 y se encuentran impagas.
Para lo anterior, se deben verificar los siguientes casos:
- Empresas de menor tamaño, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416 (microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas).
- Personas naturales que, a la fecha de publicación de la presente ley, tengan un total de obligaciones impagas inferior a 150 UF (4 millones 322.400 pesos al día de hoy), por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes y otros.
Dicha prohibición regirá desde la publicación de la ley hasta 120 días corridos después del término del estado de excepción de catástrofe por calamidad pública declarado en marzo de 2020 o sus prórrogas.
Sin embargo, las personas podrán renunciar a dicho bloqueo y entregar la información. Dicho trámite se podrá realizar a través de cualquier canal de atención de la entidad a la que se autoriza acceder a la información y debe constar de manera expresa, ya sea de forma escrita o verbal. Asimismo, la entidad deberá guardar respaldo de dicha autorización.
El incumplimiento de lo dispuesto en esta ley será sancionado con multa a beneficio fiscal de hasta 100 UTM, de acuerdo a lo dispuesto en el Título IV de la ley 21.000 (Proceso sancionatorio de ley que crea Comisión para el Mercado Financiero).
