—Fundación Paz Ciudadana y Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile proponen intervención en 6 etapas, con instrumentos que midan su riesgo criminal y programas diferenciados para la población penal.
—Actualmente, 5 de cada 10 condenadas vuelve a delinquir a tres años de su egreso de una cárcel y sólo un 1% tiene acceso a programas de capacitación, educación y trabajo.
La Fundación Paz Ciudadana y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile presentaron hoy un completo e innovador modelo integral de atención destinado a impactar definitivamente en la reincidencia delictual de quienes cumplen una condena —ya sea en la cárcel, en el sistema semicerrado o abierto— o bien, se encuentran con alguna medida cautelar personal por disposición de los tribunales de Justicia.
La iniciativa, trabajada durante dos años por ambas instituciones y que incluyó la revisión de experiencias de Canadá, Inglaterra y Australia plantea un modelo de intervención de 6 etapas, el que se extiende desde la efectiva segregación de la población penal hasta la evaluación del proceso, con miras a evitar los altos índices de reincidencia de los condenados que egresan de las cárceles, la mayoría sin posibilidades de acceder a capacitación laboral o a un empleo formal.
“Cinco de cada 10 personas que salen de la cárcel vuelve a ella antes de tres años y sólo 1 de cada 10 condenados tiene acceso a una intervención que apoye su reinserción, lo que impacta en la seguridad pública. Tenemos la oportunidad de generar un cambio para que este círculo vicioso termine”, señaló Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana.
Actualmente, la población a resguardo de Gendarmería de Chile (unas 140 mil personas en todo el país en sus diferentes modalidades) tiene acceso a pocos programas de reinserción, con una baja cobertura, escasos recursos para su ejecución, sin base en la evidencia, ni tampoco orientada a perfiles delictuales específicos que permitirían un mejor tratamiento.
Tampoco —explicaron en ambas instituciones— hay coordinación desde las cárceles con la red de apoyo estatal o la actividad de privados fuera de ella y la decena de programas que actualmente existen no tienen ningún tipo de evaluación, lo que no asegura una reinserción social efectiva de quienes tienen contacto con el sistema penal.
“A través de un modelo como el propuesto se podrá avanzar de forma definitiva en la reinserción de las personas que pasan por el sistema penal. Es necesario considerar que es un deber del país garantizar los derechos de las personas, tanto aquellas que cumplen una sanción, como el derecho a la seguridad de quienes están fuera de ella. Sólo de este modo cumplimos con una visión de Estado sobre el tema.” Indica Rodrigo Salas, director del CESC.
El modelo
Con el fin de asegurar reales posibilidades de reinserción, reducir las probabilidades de reincidencia e impactar definitivamente en mejores niveles de seguridad ciudadana, ambas instituciones plantean un modelo de atención que contempla dos componentes —intervención y trato penitenciario— y 6 etapas de ejecución.
La primera de ellas es la correcta segregación de quienes ingresan a un recinto penitenciario, la que se deberá realizar en base a dimensiones tales como: el riesgo de suicidio o autolesiones, de victimización, de violencia y de realizar faltas al régimen interno.
La segunda de ellas contempla una evaluación de casos para a toda la población sujeta a control penal, y una tercera, unaevaluación de riesgos, mediante la aplicación de distintos instrumentos a cada persona con el fin de medir sus niveles de violencia y comportamiento riesgoso.
La cuarta etapa contempla la generación de un plan de intervención individual. Luego de realizada la evaluación del caso, ésta se debe traducir en un plan individualizado en relación con las condiciones de riesgo y las necesidades detectadas.
En una quinta etapa se contempla la implementación de un plan de atención. Este plan se encontrará siempre compuesto, al menos, de un componente de trato que apunte a reducir el daño producido por la ejecución de la sanción. Y, solo en aquellos casos de riesgo moderado o alto, el plan de atención establecerá, además, un componente de intervención.
Por último, además del monitoreo, se contempla un reporte de resultados para medir si el modelo de reinserción está cumpliendo con los objetivos propuestos en materias de intervención y trato. Durante todo el proceso, se proponen mecanismos de monitoreo y evaluación de procesos, de resultados y de impacto periódicos y estructurados.
La población objeto de este modelo es aquella con medidas cautelares privativas y no privativas de libertad, suspensión condicional del procedimiento, remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada intensiva y simple, cumpliendo con servicios en beneficio de la comunidad, condenada a penas de cárcel, con libertad condicional y población que ya ha egresado del sistema penitenciario.
