Un 30% de los consultados en una encuesta cuantitativa realizada por el Universidad San Sebastian en la Región del Biobío consideró que tener algún tipo de discapacidad dificulta el acceso a la justicia. “Sin embargo, existe confianza en que las personas en situación de discapacidad recibirían una pena similar que el resto, frente a un mismo delito (81%)”, puntualizó Fabián Riquelme Cruz, director Nacional de Estudios de la USS.
Se trató de un estudio cuantitativo, realizado a mujeres y hombres de 18 años o más, vía telefónica con cuestionario estructurado aplicado entre el 11 y el 16 de abril de 2018. La encuesta fue presentada esta mañana en el seminario “Derechos de las personas en situación de discapacidad en el ámbito del Acceso a la Justicia: experiencias, alcances y desafíos”, que se desarrolló esta mañana en dependencias del Campus Las Tres Pascualas de la Universidad San Sebastián.
Organizado por la Universidad San Sebastián Concepción, a través de su Facultad de Derecho y Gobierno, y con financiamiento del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS BIOBÍO, incluyó la participación del abogado Lamberto Cisternas Rocha, ministro de la Corte Suprema; Ximena Rivas Asenjo, ex directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, y María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad.
Según el estudio, “el 12% de los entrevistados manifestó poseer algún tipo de discapacidad. De ellos, 33% tiene pensión de invalidez y 20% credencial de discapacidad”, explicó Riquelme.
Un 77% dijo no conocer al Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, y un 89% no sabe qué es el Programa de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad. Nuevamente un 77% estimó que una persona en situación de discapacidad sí puede ejercer como juez o jueza de la República; un 85% opinó que persona en situación de discapacidad puede desempeñarse como defensor penal o laboral, y un 81% aprobó la misma situación, pero con la figura de “fiscal”.
Asimismo, las personas encuestadas, en cifras más o menos similares, se mostraron abiertas a ser juzgado, investigado o representado por un juez, fiscal o abogado en situación de discapacidad.
Adecuaciones y modificaciones
El ministro Lamberto Cisternas Rocha se remitió a la evolución histórica, basándose fundamentalmente en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Corte Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (2002), y en la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana (2014, efectuada en Santiago de Chile).
“Debemos destacar en primer lugar el derecho a la accesibilidad, como condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos; como contenido específico del derecho a no ser discriminado, y que da pauta a la efectiva realización de la igualdad de oportunidades. También como un derecho independiente, que da pauta para que sea considerada como un medio para la prevención de la discapacidad misma: a través de la accesibilidad se puede evitar el surgimiento de las barreras que provocan discapacidad en las personas, impidiendo su participación e inclusión social”, dijo.
Por su parte, María Soledad Cisternas Reyes, referente mundial y experta en temas de derechos humanos, discapacidad e inclusión, dijo: “Me gusta más hablar de toma de conciencia en vez de “sensibilización”, ya que ésta última apunta a aspectos más “afectivos”. Hablar de toma de conciencia implica reconocer que el otro tiene los mismos derechos que yo, aunque tenga capacidades diferentes. Contribuye a derribar prejuicios”.
“Se debe efectuar un ajuste a los procedimientos para acceder a la justicia, para que la persona en situación de discapacidad pueda cumplir un rol efectivo y no nominal, aportando desde sí mismo. Y esos ajustes pueden ser de la más variada índole, cuando la persona en situación de discapacidad es demandando, demandante, es querellado, querellante, víctima o testigo. Cualquiera sea su rol”, afirmó.
Cisternas es abogada y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue miembro, y dos veces presidenta, del Comité Ad-Hoc encargado de elaborar el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (próximo a ratificación universal). Actualmente se desempeña como enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad.
María Ximena Rivas, ex directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS (2010 al 2014), vicepresidenta del Comité de Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y representante de Chile ante la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, se refirió de manera más específica al tema de los ajustes y adaptaciones a implementar para que las personas en situación de discapacidad accedan a la justicia.
“Aquí no debemos olvidar que los mismos derechos que ejercen las personas sin discapacidad deben ser ejercidos por quienes sí poseen alguna condición diferente. El Estado de Chile reconoce igualdad de condiciones, por lo tanto le corresponde intervenir para garantizar esos derechos”, aseveró.
El seminario, que contó con numeroso público, finalizó con un panel de conversación con los asistentes, moderado por Carlos Salazar Sazo, director de la Escuela de Derecho de la U. San Sebastián.
