Renzo Trisotti y Juan Manuel Fuenzalida explicaron que la iniciativa busca reemplazar la obligación de comunicar personalmente al afectado del proceso en su contra, recordando que fueron las actuales autoridades quienes se opusieron a que fuera más expedito.
Los diputados de la Bancada UDI, Renzo Trisotti y Juan Manuel Fuenzalida, anunciaron que en los próximos días presentarán un proyecto para modificar la actual Ley de Migraciones, con el objetivo de que las expulsiones administrativas puedan ser notificadas por medio de un diario de circulación regional o nacional, reemplazando la actual normativa que establece que dicha comunicación debe realizarse de manera personal al afectado y en dos oportunidades.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas calificaron como “indispensable” reemplazar los criterios de notificación ante el aumento sostenido de la migración irregular, sobre todo considerando que la Policía de Investigaciones (PDI) informó que este año sólo han podido llevar a cabo 17 procesos de expulsiones -nueve durante el actual gobierno- de un total de 1.231 solicitudes elevadas por el Servicio Nacional de Migraciones, justamente porque no han podido ubicar a los extranjeros en los domicilios que mantienen registrados en el sistema.
“Si efectivamente el Gobierno está dispuesto a hacer más expeditos los procesos de expulsión en nuestro país, tal como lo prometió el Presidente Boric durante su reciente visita a Antofagasta, no debieran tener ningún problema en patrocinar y otorgarle máxima discusión a nuestro proyecto de ley que facilita los procesos. Es absolutamente inútil tener una ley garantista que sólo protege a quienes están de manera irregular o que han cometido delitos, por lo tanto esperamos avanzar con nuestra iniciativa para que así las expulsiones se den por notificadas al momento de publicarse en un diario de circulación regional o nacional”, señalaron los diputados de la UDI.
De todas maneras, Trisotti y Fuenzalida emplazaron al Ejecutivo y al oficialismo a “rectificar la grave actitud que tuvieron siendo oposición”, recordando que fue el propio Presidente Boric, además de los ministros Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Maya Fernández, además del subsecretario Manuel Monsalve, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y la diputada Karol Cariola, quienes siendo parlamentarios acudieron al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto distintos artículos en la Ley de Migraciones, que precisamente permitían agilizar los procesos de expulsión.
“El Presidente de la República, además de su gabinete ministerial y los partidos de la coalición de gobierno, tienen directa responsabilidad en que hoy no se puedan materializar todas las expulsiones administrativas que están pendientes. La propia PDI ha señalado que sólo han podido efectuar 17 procesos este año, y eso es porque la izquierda -siendo oposición- se opuso sistemáticamente a que las expulsiones fueron más expeditas, y hoy estamos pagando las consecuencias de esa nefasta actitud”, cuestionaron los parlamentarios gremialistas, quienes finalmente anunciaron que repondrán también un artículo que establece que, una vez se encuentre firme y ejecutoriada la resolución, el afectado podrá ser privado de libertad por un plazo de 72 horas hasta ser expulsado.
