Ministras y ministros de Relaciones Exteriores y altas autoridades de los países de América Latina y el Caribe suscribieron hoy una declaración política para una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente, en el marco del trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se celebra de manera virtual del 26 al 28 de octubre.

La declaración fue dada a conocer durante el Diálogo de cancilleres y de altas autoridades de América Latina y el Caribe sobre la recuperación económica pos-COVID-19, que fue inaugurado por Rodolfo Solano, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, en su calidad de Presidente del 38º período de sesiones de la Comisión regional de las Naciones Unidas, y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

En el encuentro intervinieron 28 cancilleres y altas autoridades quienes coincidieron en que la solidaridad financiera internacional, el multilateralismo renovado y el fortalecimiento de la integración regional son urgentes para una recuperación pos-COVID-19 con igualdad y sostenibilidad.

“Esta declaración política constituye para nosotros, la CEPAL, no solo un mandato y guía para desarrollar nuestra misión, sino que también una señal fundamental que es posible que la región levante una voz común frente a los desafíos históricos que esta hora crucial nos llama asumir. Hoy, cuando Naciones Unidas conmemora su 75 aniversario, podemos decir que aquí, en el marco de la CEPAL, el multilateralismo latinoamericano y caribeño, su vocación cooperativa e integradora, se ha expresado una vez más de modo fuerte y claro”, afirmó Alicia Bárcena durante su intervención.

En la declaración política, las altas autoridades solicitaron con urgencia que se intensifiquen la solidaridad, el multilateralismo y la cooperación internacional a todos los niveles, incluida la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y la cooperación triangular, así como las asociaciones entre los sectores público y privado, para contener, mitigar y superar la pandemia y sus consecuencias mediante respuestas centradas en las personas, que tengan en cuenta las cuestiones de género y que respeten plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Asimismo, pidieron la movilización rápida y eficaz de recursos para hacer frente a los problemas de desarrollo, y alentaron a los Estados Miembros y a otros interesados, incluidos el sector privado y las instituciones financieras internacionales, a que movilicen una respuesta mundial coordinada, amplia y en gran escala a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.

Además, instaron a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar medidas unilaterales de tipo económico, financiero o comercial que no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social, en particular en los países en desarrollo.

“Destacamos que la recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para ampliar y apoyar las políticas de desarrollo de América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia y asegurar el goce de los derechos humanos, y reconocemos la importancia de elaborar planes de recuperación que promuevan el desarrollo sostenible e impulsen un cambio transformador hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas”, afirmaron las autoridades.

Las y los ministros de la región alertaron sobre las dificultades especiales que afrontan los países en desarrollo en la crisis, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, así como las dificultades específicas que enfrentan los países de ingreso medio.

Exhortaron también a los Estados Miembros y a las instituciones financieras internacionales a que proporcionen más liquidez al sistema financiero, especialmente en todos los países en desarrollo, incluso mediante la aplicación de instrumentos como un mecanismo de liquidez y sostenibilidad para inyectar liquidez a las economías en desarrollo y apoyar las inversiones sostenibles, y respaldaron que se continúe examinando el uso más amplio de los derechos especiales de giro para aumentar la resiliencia del sistema monetario internacional.

Subrayaron además la necesidad de aumentar el financiamiento climático internacional, que es adicional a la asistencia oficial para el desarrollo, y asegurar mayor acceso a él a fin de apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación en países en desarrollo.

Asimismo, acogieron con beneplácito los mecanismos de financiamiento innovadores, como la iniciativa de canje de deuda por medidas de adaptación al cambio climático para el Caribe, así como la iniciativa El Caribe primero de la CEPAL.

Instaron a los Estados Miembros y a otras instancias pertinentes a que aceleren la función catalizadora que las tecnologías digitales desempeñan en la reducción de los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la educación, la salud, las comunicaciones, el comercio y la recuperación económica, y a que aseguren el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que se avanza en la superación de la brecha digital, incluida la brecha digital de género.

Reconocieron además que las desigualdades, y aun más, el aumento de las brechas de desigualdad, siguen siendo un rasgo predominante en los países de América Latina y el Caribe, incluso en aquellos con un crecimiento económico elevado, y subrayaron que, para reducir las desigualdades, es necesario aumentar la inversión en los servicios sociales, en particular los servicios de protección social, así como las oportunidades económicas.

“El crecimiento económico tiene que ser sostenido, inclusivo y equitativo”, destacaron.

En el marco de la reunión, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, presentó el documento Reconstrucción y transformación con igualdad y sostenibilidad en América Latina y el Caribe, que insta a los países de la región a apostar por transformaciones profundas que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.

“Una estrategia exitosa para enfrentar la crisis no puede centrarse en regresar a la situación preexistente, sino que debe interpretar la crisis y el fuerte desencanto regional como un punto de quiebre respecto de la continuidad del modelo de desarrollo y, por tanto, exige transformaciones profundas que garanticen un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental”, afirmó la alta funcionaria de las Naciones Unidas durante la presentación.

Añadió que estas transformaciones requerirán pactos políticos y sociales construidos con la amplia participación de muchos actores, que mediante el diálogo y liderazgos transformadores, permitan avanzar hacia consensos para universalizar la protección social y reorientar el desarrollo sobre la base de la igualdad con políticas fiscales redistributivas, industriales y ambientales para la sostenibilidad. También instó a asegurar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a lo largo de su vida, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas en las que nadie se quede atrás y, al mismo tiempo, preservar el planeta para las generaciones futuras.

Alicia Bárcena destacó que la solidaridad regional e internacional será fundamental para reconstruir y transformar con igualdad y sostenibilidad, en favor de un progreso para todos y contribuir con una voz unida a un pacto global para la provisión de bienes públicos tales como la seguridad climática, la salud global (vacuna universal), la paz y la estabilidad financiera.

Finalmente, recalcó que la Agenda 2030 está hoy más vigente que nunca y que habrá que redoblar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y enfrentar la desigualdad que define a la región.

Durante la reunión, los países acogieron con beneplácito la propuesta de México de realizar una Asamblea General de las Naciones Unidas para organizar la recuperación económica y social pospandemia sobre la base de justicia y fraternidad.