El 13 de junio de 2018, Chile presentó su memorial de contestación en respuesta a la demanda de arbitraje de inversión interpuesta por los empresarios colombianos controladores de las empresas operadoras del Transantiago, Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En su presentación, Chile rechaza las reclamaciones de los demandantes y acompaña evidencia que avala dicho rechazo. En primera instancia, Chile formula como objeción preliminar la falta de jurisdicción del CIADI en este caso al considerar que los demandantes no han cumplido con su obligación de abstenerse de iniciar o continuar procedimientos judiciales o administrativos a nivel local. Además, Chile exige la aplicación de una limitación temporal regulada en el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia que restringiría el ámbito temporal de la disputa planteada.
Asimismo, el Estado solicita que el tribunal arbitral desestime la totalidad de las reclamaciones de los demandantes por falta de mérito. Chile sostiene y demuestra no haber incumplido con sus obligaciones contractuales ni con aquellas que surgen del Acuerdo entre Chile y Colombia. En este sentido, las alegaciones de los demandantes carecen de fundamento jurídico y fáctico, toda vez que el Estado no ha vulnerado el trato justo y equitativo, no ha transgredido su obligación de acuerdo con el trato nacional, no ha realizado acciones u omisiones expropiatorias y ha brindado protección y seguridad plenas a las empresas Alsacia y Express. Todas estas afirmaciones se demuestran con datos y documentación fehaciente que dan cuenta de la tergiversación de los hechos que han elaborado los demandantes.
Asimismo, Chile considera que los demandantes han iniciado este arbitraje con el objeto de evadir su propia responsabilidad en el manejo de sus empresas chilenas, tratando de traspasar al Estado la responsabilidad de sus reiterados incumplimientos de los contratos de concesión.
Por ello, el Estado solicita al tribunal arbitral que rechace la demanda en su totalidad y condene a los demandantes al pago de las costas del procedimiento arbitral y de los gastos incurridos por Chile (incluyendo los honorarios y los gastos de sus abogados, así como de sus expertos).
Comienzos del caso
El 26 de mayo de 2017, Carlos Mario y Francisco Javier Ríos Velilla, controladores de las empresas operadoras del Transantiago Alsacia y Express, presentaron ante el CIADI una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Chile, alegando la violación de algunas disposiciones del capítulo de inversiones del Acuerdo de Libre Comercio suscrito por Chile y Colombia. El 9 de febrero de 2018, los demandantes presentaron su memorial de demanda, reclamando una indemnización de USD332 millones y una reparación por daño moral de USD15 millones.
