A través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que, en un plazo de 10 días, entregue información del estado de Enrique Perdomo –defensor de uno de los indultados por Juan Guaidó- acogiendo la petición del abogado Juan Carlos Manríquez.
El pasado 11 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un oficio al gobierno de Venezuela, tras acoger la petición del abogado chileno Juan Carlos Manríquez de medidas cautelares en favor de su par venezolano Enrique Perdomo, quien fue detenido en junio por su rol como defensor del opositor político Iván Simonovis, indultado por Juan Guaidó en mayo pasado.
En el documento –enviado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro- la Comisión solicita el envío –en un plazo máximo de 10 días- de información sobre las condiciones en que se encuentra Perdomo bajo custodia del Estado, su estado de salud, si estaría recibiendo algún tratamiento necesario y si tendría acceso a consultas médicas regulares. Todo ello, acompañado de un certificado médico actualizado.
Asimismo, el organismo pide que se le informe sobre las condiciones de detención en las que se encontraría el beneficiario y si estaría recibiendo los cuidados básicos de conformidad con los estándares internacionales.
La respuesta de la CIDH fue enviada a un mes de presentado el requerimiento por Manríquez, quien solicitó medidas cautelares argumentando que se teme por la vida y salud de Perdomo.
“La celeridad con la que ha actuado la Comisión de Derechos Humanos en este caso, da cuenta de la gravedad de los hechos expuestos, y hasta ahora, seguiremos insistiendo para que sea definitivamente acogida toda petición de cautela solicitada a favor del abogado Perdomo”, dijo al respecto el abogado chileno.
Según acusa el profesional “el Servicio Bolivariano de Inteligencia montó un operativo para arrestar y acusar al reconocido abogado venezolano de derechos humanos, y lo mantuvo con paradero desconocido hasta presentarlo a audiencia bajo cargos de crimen organizado y obstrucción porque su defendido, el ex policía Iván Simonovis, el preso político más antiguo que se mantenía encarcelado en ese país por órdenes de Hugo Chávez y cuya situación Nicolás Maduro prolongó, logró huir del país”
Por ello, pidió a la CIDH que “exhorte al régimen de Maduro a respetar el debido proceso, las garantías fundamentales del abogado y cese la obstrucción a la intervención profesional del letrado, ya que diversos tratados internacionales aseguran libertad de acción a estos profesionales cuando ejercen la defensa, por lo que el encarcelamiento del defensor sería una represalia del régimen que afecta las bases del sistema democrático y el Derecho a la defensa”.
