DECLARACIÓN PÚBLICA
Jueves, 7 de junio 2018
Los funcionarios de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología –académicos, administrativos y personal de apoyo- frente a la toma de las dependencias de la Universidad realizada por los estudiantes, queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente:
Desde el año 2017, marzo, la institución vive una crisis generada por falta de financiamiento. Situación que investigó el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Educación, a petición de la División de Educación del MINEDUC, resuelve en febrero 2018 cerrar la institución; fecha en que nombra al Administrador de Cierre. Durante todo el año 2017 un grupo de funcionarios decide brindarles el servicio formativo a sus estudiantes en la esperanza de que las autoridades encontraran un inversor que permitiera recuperar la liquidez financiera, lo que no fue posible.
A febrero del 2018 se terminó el año académico 2017 no obstante la mayor parte de su personal tiene pendiente pagos previsionales, deudas con cajas de compensaciones y lo más grave sueldos impagos, sólo abonos para quienes vivían situaciones de insolvencia que permitían llegar a trabajar. Esto ha llevado a una crisis tan grave que no se ha podido iniciar el primer semestre 2018, y a partir de Junio de 2018 es imposible continuar con algunos servicios de académicos que seguían proporcionándose en algunas asignaturas de término de carrera, pensando únicamente en no cohartar el derecho a educarse que ellos tienen; así por ejemplo no será posible que los estudiantes de las carreras de salud puedan realizar prácticas e internados, aún cuando ello corresponda a autogestión o convenios vigentes; pues no tenemos financiamiento para a los docentes que supervisan dicha actividad, siéndoles imposible sostener su servicio educativo sin ningún ingreso económico ya sea por sus remuneraciones al personal de planta y honorarios actuales, además de aquellos adeudados desde el 2017.
La generalidad de las Facultades han apoyado permanentemente a las autoridades y en especial al Administrador de Cierre entregando los informes solicitados para otras casas de estudio que pudiesen hacerse cargo de los estudiantes (UTEM, USACH y SANTO TOMAS) para la División de Educación Superior DIVESUP, realizando múltiples funciones con poco personal. Toda vez que entendemos que a partir de febrero es el Estado de Chile el responsable de los estudiantes y de los trabajadores de la Universidad.
Son innumerables las gestiones realizadas ante la autoridad, solicitando que el Estado cumpla la ley que garantiza a los estudiantes el término de su formación, es así como hemos acudido a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados en dónde expusimos el mes pasado nuestra situación; de la que sólo tomaron constancia. Paralelamente solicitamos entrevista con el Ministro de Educación, el subsecretario de Educación y el Jefe de la División de Educación Superior, a quien se nos derivó y finalmente se nos otorgó una reunión para el 12 de junio de 2018. También queremos dejar constancia que enviamos una carta al Presidente de la Republica cuyo jefe de Gabinete nos derivó nuevamente al Subsecretario de Educación.
Se informó que el plan de cierre se entregó, sin embargo sin recursos no es posible implementarlo, lo que urge resolver este mes (junio). El Estado es el responsable de dar garantías a los estudiantes (Ley 21.091 promulgada en Mayo 2018, que establece el derecho a la Educación Superior, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas) y, a los trabajadores (cuyos derechos se han conculcado de manera permanente), de las decisiones que toma. En las condiciones actuales es imposible continuar dando el servicio educativo y no se visualiza ninguna institución que en el corto plazo desee continuar la formación de nuestros estudiantes.
Recalcamos la urgencia de que el Ministerio de Educación pueda dar una respuesta a los académicos y administrativos de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología que cumplen 15 meses de inestabilidad salarial, cotizaciones impagas y viviendo la indignidad de ajustar sus necesidades esenciales de vida a la posibilidad de acceder a un abono.
Para conocimiento de la Comunidad Nacional.
