Cumpliendo con el mandato preventivo, el Comité para la Prevención de la Tortura realizó, entre los días 14 y 15 de junio, una visita exhaustiva, no anunciada, al Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, a fin de conocer los factores de riesgo en relación con la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como también explorar las condiciones del recinto, tanto materiales, como laborales.
A esta visita asistió un equipo multidisciplinario del Comité, expertos y profesionales de apoyo, formado por 9 personas de diversas profesiones: médica, médica salubrista, abogado, trabajador social, psicólogas/os y sociólogas/os, enmarcado dentro de la planificación anual de visitas del Comité para el año 2022, en el área de salud mental.
La visita al Hospital del Salvador estuvo liderada por la experta del área salud del Comité, Javiera Canessa, quien indicó que “cuando realizamos visitas exhaustivas, aplicamos pautas muy completas, que evalúan diferentes dimensiones, tales como el Régimen y actividades, contacto con el exterior, condiciones materiales, acceso a prestaciones de salud, medidas de protección, trato, gestión de establecimiento y del personal y autonomía.
La profesional sostuvo que “el Comité se ha comprometido a utilizar el más alto estándar en la metodología y de consideraciones éticas, tanto de sus visitas y posteriores informes y, por lo mismo, las impresiones que podemos levantar, a pocos días de concluida la visita, son preliminares, ya que aún debemos vaciar, triangular y analizar la información recopilada obviamente, con el rigor metodológico que nos caracteriza”.
Respecto de los principales hallazgos detectados en la visita del CPT en el recinto psiquiátrico, se destaca el alto nivel de compromiso del personal del hospital, para brindar un buen servicio, con los recursos limitados que tienen disponibles, observando un buen trato hacia las y los pacientes en general. También observamos un buen sistema de registro y evaluación de las contenciones farmacológicas y físicas que practican. Además, destacamos la acogida y buena disposición con la que nos recibieron, y la apertura a incorporar algunas recomendaciones de mejora que se realizaron in situ.
A su vez, los factores de riesgo identificados preliminarmente sobre los cuáles es necesario tomar medidas a corto, mediano y largo plazo para su solución, son las falencias en la infraestructura del recinto, como, por ejemplo, techos que se filtran, griferías antiguas, la falta de un sistema de calefacción que mantiene temperaturas muy bajas en el establecimiento durante el invierno. Por otro lado, respecto de la gestión del personal, se observó una sobrecarga de los equipos de trabajo, sobre todo por la gran cantidad de licencias médicas y la situación sanitaria actual. También se identifican escasas medidas de autocuidado para las/os funcionarios, quienes están expuestos frecuentemente a situaciones de estrés, y la necesidad de fortalecer la capacitación y formación en materia de derechos humanos.
En cuanto a las medidas de protección, es importante fortalecer la supervisión y fiscalización que se realiza en estos recintos, por órganos independientes, que incorporen el enfoque de derechos en sus evaluaciones y tengan la capacidad y los recursos necesarios para examinarlos periódicamente. De esta manera se busca prevenir o detectar de forma oportuna las vulneraciones, falencias o desafíos en la materia. Por último, respecto del régimen de actividades, se observó una escasa implementación de talleres y programas de rehabilitación y recreación, en especial en las unidades de corta estadía, siendo necesario contar con más profesionales dedicados a ello y, además, la urgencia de que la comunidad y ciudadanía participe y brinde apoyo en estas instancias.
Finalmente, se observaron algunas vulneraciones de derechos humanos, que se trabajarán junto a las autoridades, tanto locales como gubernamentales, para subsanarlas. Entre ellas, se indican la mantención de un régimen de aislamiento prolongado, producto de la pandemia, que ha impedido a las y los pacientes recibir visitas de sus familiares, desde prácticamente su inicio, salvo por 2-3 meses a fines del año pasado, donde intentaron reactivarlas, sin embargo debieron suspenderlas, por falta de personal disponible para realizar la supervisión de esas instancias, y así asegurar que se respetaran las medidas de resguardo para evitar un brote en el recinto, así como evitar el ingreso de sustancias prohibidas.
Además, se constató la segmentación inadecuada en menores de edad entre 15 y 17 años, quienes comparten habitaciones con la población adulta, dada la falta de un espacio para realizar la transición entre estos dos sistemas de atención, y la no segmentación por sexo en algunas áreas del recinto, donde hombres y mujeres comparten también las dependencias.
Por último, la realización de la Terapia Electro Convulsiva (TEC) en su versión no modificada, es decir, sin la aplicación de anestesia y relajante muscular, y en menores de edad, está suspendido desde marzo de este año por indicación de la Autoridad Sanitaria.
En Chile, el año 2019 se publica la ley 21.154, que crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, y que lo define con un alto nivel de autonomía respecto de los poderes del Estado, en tanto su mandato legal dice relación con la generación de visitas periódicas a los centros y recintos en los cuales se encuentren personas privadas de libertad, o bajo cuidado o custodia del Estado.
Ello implica que el Comité de Prevención contra la Tortura (CPT) tiene entre los lugares que potencialmente puede visitar a nivel nacional todas las cárceles de Gendarmería, todos los Hospitales Psiquiátricos y clínicas psiquiátricas (públicas o privadas), todos los Establecimientos de Larga Estadía de Personas Mayores (ELEAM), todas las Residencias Adolescentes y Centros infanto-juveniles, y todas las Comisarias de Carabineros y Cuarteles o Unidades de la Policía de Investigaciones.
Cabe destacar que el CPT realizó el año pasado 32 visitas de carácter preventivo a diversas instituciones. Para cada una de ellas se realizó previamente un profundo trabajo metodológico, investigativo y reflexivo. Con posterioridad a las visitas, se elaboraron los respectivos informes, y se inició un diálogo y trabajo conjunto con las autoridades de dichas instituciones, que se espera seguir avanzando hacia la implementación de las recomendaciones propuestas. Para este año 2022 el Comité ha planificado más de 50 visitas, además de todas aquellas visitas reactivas o ad-hoc que puedan surgir a propósito de casos o denuncias concretas de Tortura o malos tratos.
En el ámbito Salud Mental, se han realizado visitas a la UHCIP del Hospital Base de Valdivia y al Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo, ambos el año 2021; hace aproximadamente un mes se visitó durante tres días el Hospital Psiquiátrico de El Peral.
