La Comisión investigadora invitó al Consejo de Pueblos Atacameños a exponer sobre el caso Corfo-SQM. La comisión busca clarificar el acuerdo que se celebró en enero de este año, en el cual Corfo entregó permisos de extracción hasta el año 2031 y aumentó la cuota de extracción de 180 toneladas de a 500 toneladas de litio.
El CPA expuso sobre la cosmovisión Licanantay y la historia de su pueblo, sobre el extractivismo que existe por parte de las empresas mineras que están instaladas hoy en día en el Salar de Atacama, las cuales extraen cerca de 4.000 litros/ segundo. También de los procesos judiciales que se viven actualmente entre Corfo y SQM.
“Hoy en día nos sentimos vulnerados en nuestros derechos, ya que tenemos una amenaza constante con el recurso hídrico, se habla de un desarrollo económico del país y se dejan de lado las condiciones básicas de un pueblo”, sentenció Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños.
Además agregó “la concentración y abuso de las empresas afectan a los bofedales y humedales, que existen en torno al Salar de Atacama donde se realiza pastoreo. Tenemos una problemática, si se afecta un pueblo, se afectan todos”.
Los diputados asistentes a la comisión realizaron consultas, sobre la relación Corfo-SQM, aristas legales, si existió o no consulta previa a las comunidades, qué tipo de contrato fue el celebrado, entre otras.
Sergio Cubilos, presidente de la comunidad de Peine afirmó que “la principal preocupación es cómo se entregan los permisos de agua actualmente, la minería ha existido siempre pero no con los abusos existen hoy en día. Nos parece irresponsable firmar contrato sin saber el estado en que se encuentra el Salar de Atacama, ¿Cómo podemos seguir otorgando permisos de agua?”.
