COMUNICADO
Como Londres 38, espacio de memorias,ante el hallazgo de pruebas que confirman la quema de cuerpos de detenidos y posterior ocultamiento durante la dictadura en Colonia Dignidad, declaramos:
1.-Apoyamos la labor del Ministro Mario Carroza en las causas de detenidos desaparecidos y ejecuciones durante la represión, y esperamos que sus indagaciones sean exitosas, incluida la querella interpuesta por Londres 38 durante 2015, que busca encontrar la verdad y la justicia a través de la investigación sobre el destino final de víctimas de desaparición forzada, causa que este magistrado tiene a su cargo.
2.- Denunciamos la indolencia y complicidad en el trato a los victimarios, por parte de diversas autoridades y jueces, que han permitido que más de 40 años después de los crímenes, aún desconocemos el destino de los detenidos desaparecidos, bajo el manto de protección que ahora pretenden darle a los criminales, los cuales hoy gozan de libertad o están solicitando el acceso a beneficios carcelarios indebidos. Se han desoído las solicitudes de investigación y se han negado los recursos financieros necesarios para cumplir con un deber del Estado: investigar y hacer justicia en los crímenes de lesa humanidad.
Esta constante negación de investigar es aún más grave si consideramos que la información sobre este y otros sitios de ocultamiento o destrucción de los cuerpos de las personas detenidas desaparecidas, han estado en conocimiento de jueces y autoridades políticas desde hace décadas.
3.- El hallazgo de la quema de cuerpos en Colonia Dignidad es parte de las metas y objetivos del Plan de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de los compromisos internacionales del Estado chileno, por lo que exigimos que se asignen los recursos logísticos, técnicos y financieros necesarios para realizar todos los procesos de búsqueda en Colonia Dignidad y en otros sitios reconocidos como lugares de ocultamiento de cuerpos, como Cuesta Barriga, donde se han paralizado los trabajos de pesquisas debido a que el Ministerio de justicia y DDHH no ha provisto los recursos financieros necesarios para desarrollar dicha labor.
