El Ministro Mario Carroza dictó fallo en primera instancia por los delitos de secuestro, tortura y violencia política sexual, ocurridos en Venda Sexy durante la dictadura cívico militar.
Esta sentencia resulta relevante, porque por primera vez se señala de manera explícita desde la justicia institucional, la necesidad de separar el delito de secuestro agravado del de tormentos con violencia sexual, reconociendo que ésta última fue una herramienta opresiva y represiva específica del terrorismo de Estado para violentar y castigar a las mujeres. Además, el fallo rotula que este delito, la violencia sexual en contra de las mujeres en los centros de torturas, es un crimen de lesa humanidad.
Si bien reconocemos como un avance esta sentencia, un logro mínimamente aceptable, vemos también claramente sus límites. Por un lado, se devela en el mismo fallo la imposibilidad de juzgar según las leyes existentes de este país la violencia política sexual cometida por agentes del Estado en contra de la integridad sexual y corporal de las mujeres y disidencias.
Asimismo, se evidencia la jibarización del concepto al nombrarlo sin el componente político, lo que implica borrar algo que es fundamental, es decir, el uso sistemático de un poder sexualizado por parte del Estado, por sus agentes y con medios estatales. Esto tiene directa relación con la individuación de la pena, ya que si bien es cierto y necesario señalar al sujeto que cometió el vejamen, es fundamental y es un acto de justicia, apuntar a la estructura que orquestó estos tormentos. De este modo, en este fallo tampoco se toca a la autoridad política responsable de esta expresión del terrorismo de estado, y sólo se castiga a los mensajeros y ejecutores de las directrices que emanan de dicha autoridad.
Este elemento no sólo tiene relación con la experiencia vivida por las mujeres que lucharon contra la dictadura, sino que es parte de nuestro presente. La violencia política sexual es una herramienta que el terrorismo de Estado nunca ha dejado de aplicar contra las mujeres y disidencias que se levantan insumisxs frente a este sistema de opresión.
Esto queda en evidencia dado que luego de iniciada la revuelta en octubre pasado, estas prácticas represivas se intensificaron. A la fecha hay cerca de 300 denuncias al respecto, cifra claramente subvalorada y nuevamente procesos judiciales abiertos con amplias posibilidades de resultar impunes. A estas denuncias de violencia política sexual del contexto de la revuelta, se suman otras, no judicializadas, de las que han sido objetos durante los años de la posdictadura, estudiantes secundarias, las compañeras hortaliceras en Wallmapu, entre otras.
Por otro lado, respecto a la reparación de las personas victimizadas en Venda Sexy, consideramos insuficiente sólo una medida pecuniaria. Resulta evidente que es imposible cuantificar monetariamente la herida que deja en los cuerpos y subjetividades la experiencia de violencia político sexual y de tortura. Ha pasado casi medio siglo desde que se cometieron estos crímenes de lesa humanidad, toda una vida, y las vidas, no tienen precios. Con respecto a si el fallo hace justicia, declaramos fehacientemente que si los actos de justicia no son diligentes y oportunos, tal cual queda establecido en estos casos que ocurrieron hace 46 años, lisa y llanamente: No hubo justicia.
Por consiguiente, vemos como una acción reparatoria que restituya el valor revolucionario de nuestras compañeras que pasaron por Venda Sexy, que la casa sea entregada a las mujeres feministas, que este espacio sea recuperado y ocupado para la construcción de las memorias de rebeldías feministas. Aquí es donde vemos reparación, en una acción que nos permita construir la vida que pretendieron negarnos. Venda Sexy debe ser un espacio para las feministas que nos permita encontrarnos, curar nuestros dolores entre nosotras, abrazar nuestras luchas y resistencias, y construir nuestro futuro.
También recalcamos que este logro parcial, es producto de la movilización de las feministas que de manera persistente y porfiada hemos señalado a la violencia política sexual como un crimen específico del Estado en contra de nosotras. Es también resultado de ese abrazo mancomunado con nuestras compañeras sobrevivientes como ejemplos de lucha, resistencia y dignidad. Este pequeño logro en un país en donde la impunidad ha sido la norma, es consecuencia de la lucha de muchas en diferentes tiempos, es muestra de la continuidad de la rebeldía feminista, del hilo rojo que sigue trazando nuestro camino. Por eso sentimos este fallo que viene del mundo de la justicia institucional, como una pequeña ganancia nuestra, porque ha sido producto de nuestras luchas constantes.
Sin movilización social y feminista, sin lucha, no habría nada.
Saludamos este logro, pero seguiremos señalando y denostando al Estado como agente opresor y violador, y continuaremos aportando a la construcción de una sociedad sin clases, sin patriarcado, sin capitalismo y sin opresiones de ningún tipo.
