En el Paseo Bulnes se realizó el balance de gestión 2019 de la Defensoría Penal Pública encabezado por el Defensor Nacional Andrés Mahnke Malschafsky y contó con la participación del profesor Humberto Maturana, el subsecretario de justicia Juan José Ossa, la SEREMI de Justicia Carolina Lavin, el Director Nacional de Gendarmeria Christian Alveal Gutierrez, entre otros, en Santiago Miércoles 24 de Abril de 2019. (Foto: DPP/Aliosha Márquez Alvear)
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El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, rindió esta mañana su balance de gestión 2018 en una actividad realizada en el Paseo Bulnes, en el marco de la Cuarta Feria de Derechos Ciudadanos organizada por la Defensoría Penal Pública y que reunió a 14 instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG).
En su cuenta pública, Mahnke destacó la evolución de la misión institucional hacia la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que son atendidas por la Defensoría. En este sentido, explicó la importancia que tiene haber creado la Unidad de Derechos Humanos, “que amplía desde esa perspectiva los conceptos de derecho a defensa, debido proceso, presunción de inocencia y acceso a la justicia”.
También hizo especial hincapié en el trabajo desarrollado en el área de la especialización de la defensa pública, como una forma efectiva de entender y responder a las necesidades de los distintos grupos vulnerables, como lo son jóvenes, mujeres, migrantes, etnias originarias, condenados y personas con problemas de salud mental.
“Los proyectos estratégicos que la Defensoría impulsa hoy buscan también generar una respuesta institucional para recuperar una confianza ciudadana y una credibilidad institucional cada vez más distante y lejana, a propósito de diversos casos de corrupción o de vulneraciones de derechos presentes no solo en Chile, sino en toda la región”, destacó.
JÓVENES Y CONTROL PREVENTIVO
Según el Defensor Nacional, en 2018 la Defensoría atendió a 19 mil 330 menores de edad, de los cuales el 83,3 por ciento recibieron la atención de un defensor penal juvenil especializado.
Agregó que desde 2011, cuando los jóvenes atendidos sumaron 34 mil 873, los ingresos de este segmento han bajado un 44 por ciento, en una tendencia decreciente que se mantiene desde entonces y que solo de 2017 a 2018 fue de 13 por ciento.
Andrés Mahnke destacó que de acuerdo con las estadísticas entregadas por el Ministerio Público, del total de jóvenes que ingresaron en 2018 al sistema penal, un 17 por ciento concentró más de la mitad del total de los delitos cometidos en ese período por este grupo etáreo.
“Como se observa, el grupo de mayor trayectoria delictual ya está identificado, es reducido, concentra múltiples ingresos al sistema y, dado su grado de compromiso criminógeno, la eficacia para la prevención y persecución penal de su actuación requiere de procedimientos policiales de investigación focalizados y específicos”, precisó.
En este sentido, se mostró contrario a los controles preventivos de identidad que desde 2016 se realizan a adultos, iniciativa que podría ampliarse a menores de edad de aprobarse un proyecto de ley que hoy se debate en el Congreso.
Mahnke explicó que no se trata de “negar que la delincuencia adulta o juvenil existan, minimizar sus dañinos efectos o sostener una mirada ingenua sobre las formas de resolverlo. Hablamos de mirar la evidencia y actuar en consecuencia, apartarnos de una percepción general evidentemente errada y trabajar más bien en orientarla de modo informado”.
Agregó que en este debate de fondo, “más que restringir o afectar los derechos colectivos de millones de jóvenes, lo que se requiere con urgencia es focalizar los recursos del Estado precisamente en ese grupo de 4 mil 807 infractores de ley, sus entornos y abordar efectivamente las conocidas causas de su intensa participación delictual”.
PUEBLOS ORIGINARIOS Y MIGRANTES
Al revisar las cifras asociadas a imputados indígenas y migrantes, la autoridad destacó que durante 2018 la Defensoría atendió a 8 mil 948 personas pertenecientes a etnias originarias, lo que representó el 2,8 por ciento del total de ingresos de la institución, y que la cobertura especializada a este grupo alcanzó el 83 por ciento.
Respecto de los migrantes, los imputados atendidos por la institución durante el año pasado sumaron 9 mil 445 personas, que representaron el 3 por ciento del total de ingresos.
Sobre estos grupos vulnerables, Andrés Mahnke alertó sobre la discriminación que pesa sobre ellos y que se ve reflejada en el uso de la prisión preventiva, cuya alza sostenida de la última década también ha afectado a este grupo de población.
En este sentido, el Defensor Nacional destacó un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile que mostró, con datos de la Defensoría de 2006 a 2012, que las personas de origen mapuche tienen una probabilidad de quedar en prisión preventiva que puede llegar al 25 por ciento más que en los casos de población no mapuche.
Respecto de esta medida cautelar, la autoridad dijo que ésta ha mantenido
una tendencia al alza en los últimos años, afectando en 2018 a 29 mil 565 personas.
“Sabemos que el uso de esta medida cautelar aumentó un 40,7 por ciento en la última década, período en que también creció un 90 por ciento el número de personas absueltas tras ser sometidas a esta forma de encierro”, precisó.
Además, del total de atenciones realizadas el año pasado por la Defensoría, hubo 51 mil 155 imputados que terminaron sus procesos como inocentes o no condenados, lo que equivale al 15,5 por ciento del total de términos del período.
Del total de inocentes o no condenados del año pasado, 3 mil 153 personas -correspondientes al 6,2 por ciento del total- debieron pasar diversos períodos en prisión preventiva.
OTROS GRUPOS VULNERABLES
La Defensoría Penal Pública ha hecho un esfuerzo por instalar en todo el país un modelo especializado de defensa penitenciaria, que en 2018 entregó asistencia administrativa y judicial a 14 mil 207 personas, con un total de 26 mil 390 requerimientos atendidos.
“Se trata de un verdadero aporte frente a la vastedad y gravedad de los problemas que se viven detrás de las rejas en el país, con niveles de ocupación superiores al 100 por ciento de capacidad en 22 de los 40 recintos penales no concesionados del país, con camas insuficientes en 26 de ellos, de modo tal que uno de cada dos hombres (51,3 por ciento) y una de cada tres mujeres (35,7 por ciento) no cuenta con un espacio propio para dormir”, dijo Andrés Mahnke.
En este tema, agregó que la institución respalda el anteproyecto anunciado por el Gobierno para legislar en torno a una ley de ejecución de penas, que permitirá regular adecuadamente estos temas y avanzar fuertemente en políticas de reinserción social, como asimismo el Proyecto +R, que busca precisamente alcanzar mayor seguridad a través de mayor reinserción.
La defensa especializada de personas inimputables por enfermedades mentales se inició en 2016, tras detectarse diversos casos de graves vulneraciones o discriminaciones contra imputados con esta condición, en un contexto de gran desconocimiento de los actores del sistema sobre la materia, lo que finalmente terminaba por afectar gravemente sus derechos.
Hoy, la Defensoría avanza en la capacitación de sus equipos y en la generación de alianzas con otros actores. Cuenta ya con 74 defensores públicos habilitados para asumir estas causas en todo el país y los convenios institucionales vigentes involucran a 13 recintos hospitalarios y unidades de psiquiatría forense transitoria.
“El tema es tan grave, que mientras la probabilidad de terminar en prisión preventiva o internación provisoria es de 7 por ciento para las personas imputables, para quienes sufren enfermedades mentales aumenta a 13 por ciento, sin considerar que a la discapacidad pueden sumarse otras condiciones de vulnerabilidad”, subrayó el Defensor Nacional.
TRANSPARENCIA DEL SISTEMA
Casi al término de su balance de gestión, el Defensor Nacional destacó la incorporación de la Defensoría al ‘Cuarto Plan de Gobierno Abierto’ impulsado por el Gobierno de Chile, al alero de una alianza mundial de la ONU para promover la transparencia, la participación y la colaboración en las acciones de los gobiernos.
“No se trata de abstracciones, sino de cuestiones esencialmente prácticas. Por ejemplo, si hablamos de probidad administrativa como una obligación de todo funcionario público, a la luz de todos estos criterios entendemos que ésta solo puede cumplirse plenamente en una cultura de datos abiertos, en que finalmente los ciudadanos –que acceden a información y cuentan con espacios reales de participación- son los custodios y fiscalizadores de los actos de la administración y cuentan con las herramientas eficaces para lograrlo”, precisó.
Agregó que “en las últimas semanas la transparencia de la justicia ha estado sobre la mesa con casos que involucran a representantes de distintas instituciones de un sistema del que formamos parte y del que somos corresponsables”.
“Cuando la preocupación de la ciudadanía, pero sobre todo de los propios actores del sistema se centra en casos que nos involucran a nosotros mismos, lo más probable es que la solución de fondo sobre las necesidades de acceso a la justicia de la población más vulnerable se enfrenta a un muro insalvable.
Cuando los intervinientes del sistema de justicia nos convertimos en actores principales, nuestros usuarios, defendidos y víctimas, pasan a un segundo plano”, concluyó.
