Propietarios se sienten afectados por fallo de Contraloría General de la República, que modifica el Plano Regulador Comunal, reduciendo la superficie útil de su propiedades.
Más de 200 vecinos de Las Condes, cuyas propiedades se encuentran alrededor del Canal El Bollo, se encuentran sorprendidos , preocupados y molestos , después que la Contraloría General de la República (CGR) extendiera la zona de afectación a utilidad pública del canal a 80 metros, pese a que la municipalidad nunca consideró esa franja de protección y a que la SEREMI de Vivienda la habría fijado en 15 metros.
El problema radica en que hay vecinos que llevan más de 30 años viviendo en el lugar; algunos ya han terminado de pagar su hipoteca, o bien pensaban vender para aprovechar su plusvalía .
La CGR argumentó que la extensión se debe a que los 80 metros serían de “utilidad pública”, apuntando a que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes no consideró el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) al otorgar los respectivos permisos de edificación.
El abogado Julio Pallavicini, representante de un numero importante de familias afectadas, interpusieron un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el cual se han hecho parte otros vecinos, advirtiendo que el dictamen de la Contraloría es ilegal y arbitrario, pues “contraviene el artículo 52 de la Ley 19.880 (que limita la retroactividad de los actos administrativos) y el artículo 4 LGUC, que fija las atribuciones interpretativas de las SEREMIS de Vivienda, al afectar con la nueva extensión de la franja, adquisiciones y edificaciones de inmuebles aledaños que han tenido lugar por más de 30 años, sin considerar el área de protección de 80 metros”. Además, hizo presente la inconsistencia jurídica que se produciría entre la franja de protección del canal en las comunas de Las Condes y de La Reina, pues para la primera ella sería de 80 metros y para la segunda de 15 metros. De hecho, agregó, con el nuevo criterio nada impediría que en el futuro se fijara por la vía interpretativa, que la franja de protección del canal en la Municipalidad de la Reina se extendiera a 80 metros.
Son más de 200 personas afectadas por el dictamen de la CGR. Muchas familias, que construyeron o compraron sus inmuebles, con permisos debidamente aprobados y recibidos hace más de tres décadas, serán perjudicadas retroactivamente. Además, aún cuando la expropiación sería impracticable por el alto costo para el Estado, el impacto y perjuicio a los patrimonios de quienes lograron sus viviendas con esfuerzo y trabajo sería altísimo, ya que no podrán vender fácilmente, hipotecar o modificar sus inmuebles, al quedar grabados por una eventual expropiación.
Los vecinos están pidiendo que se reconsidere la extensión de las zonas de afectación de dicho canal a 15 metros, tal como lo estableció la SEREMI de Vivienda y como ocurre con el Plan Regulador Comunal de su vecina comuna de La Reina, de lo contrario, tendrían que aplicar y repetir el mismo criterio a este último municipio y el desajuste sería doblemente catastrófico, considerando la enorme cantidad de familias y viviendas afectadas por este dictamen.
Como ocurre al ingeniero civil Rodrigo Alcaíno (74), quien compró su departamento hace unos años tras vender la casa en la que vivió por más de 25 años, con el propósito de vivir su jubilación, quien señala su evidente preocupación por este dictamen, pues “significa una pérdida importante en el valor de mi propiedad , lo que la convierte prácticamente a corto plazo en imposible de vender, hipotecar e incluso realizar alguna modificación o ampliación”.
Son las SEREMIS de Vivienda, como órganos técnicos facultadas para interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial a lo largo del país. Resguardando con ello la continuidad y coherencia en materia urbanística de los espacios comunales y regionales.
