Juan Antonio Coloma y Cristián Labbé acusaron a las actuales autoridades de estar “fomentando a los delincuentes y criminales a chantajearlos para conseguir sus objetivos”.
Los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Cristián Labbé, aseguraron que el actual Gobierno es el principal responsable de la amenaza que realizó en las últimas horas el comunero mapuche Celestino Córdova -condenado a 18 años por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay-, quien a través de su vocera advirtió con iniciar una nueva huelga de hambre si es que no le cumplían con los supuestos acuerdos alcanzados en 2020.
Al respecto, y si bien los parlamentarios gremialistas cuestionaron que anteriormente ya se haya accedido a “las presiones de un criminal”, señalaron que “el nuevo chantaje que ahora está realizando Celestino Córdova es absoluta responsabilidad de las actuales autoridades, por haber validado desde un inicio la impunidad durante su administración”.
“No nos olvidemos que incluso antes de iniciar su mandato, el Gobierno anunció que retiraría todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado. Después no se querellaron por el atentado contra la ministra del Interior, tampoco se opusieron a que un delincuente, imputado por atentar contra Carabineros, saliera en libertad, y finalmente accedieron a que los primos Tralcal, autores también el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, obtuvieran distintos beneficios carcelarios, entre ellos una salida dominical”, criticaron los UDI.
Por lo mismo, Coloma y Labbé agregaron que “cuando un gobierno llega y da tantas señales de impunidad, lo que provoca es justamente esto: que los criminales en nuestro país se sientan respaldados por las autoridades de turno, chantajeándolos al máximo hasta poder conseguir sus objetivos, tal como ha ocurrido en las últimas semanas”.
“Este es el resultado de las políticas erráticas que ha tomado el Gobierno, principalmente el Ministerio del Interior, que hoy se encuentra totalmente descabezado. Celestino Córdova es un asesino confeso y que no merece ningún tipo de beneficio penitenciario”, insistieron los diputados gremialistas, quienes finalmente señalaron que “si el asesino del matrimonio Luchsinger-Mackay llega a cumplir su amenaza de iniciar una huelga de hambre, el Gobierno tiene la obligación de recurrir a la justicia para que lo alimente a la fuerza, tal como se hace en cualquier país civilizado”.
