Este jueves 29 de abril fue presentado un estudio cualitativo de la Universidad de Chile que abordó los fundamentos jurídicos, sociales y nutricionales del derecho a la alimentación. El documento presenta además una propuesta de texto para incorporar este derecho en la discusión de la Convención Constitucional. La investigación, denominada “Derecho a la alimentación en la constitución chilena: fundamentos y conceptos participativos”, fue desarrollada durante el año 2020 por un grupo de académicos y académicas del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la U. de Chile, instancia conformada por equipos de distintas disciplinas pertenecientes a la Facultad de Medicina, a la Escuela de Salud Pública y a la Facultad de Derecho de nuestro plantel.

El estudio, de carácter regional, contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Según detalla Luis Lobo, Oficial del Programa España – FAO para América Latina y el Caribe, “esta investigación se generó a la luz de la IX Convocatoria de Investigaciones del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), red de 80 universidades de 17 países comprometidas con este derecho humano y que apoyamos desde el 2011″.

El informe afirma que la Constitución chilena actual presenta un enfoque más económico que social y que en Chile se privilegian las exportaciones. Muchos actores entrevistados y entrevistadas -entre quienes se encuentran actores clave de la cadena alimentaria en Chile, incluyendo a la sociedad civil, la academia, organismos internacionales, parlamentarios, comerciantes y productores de alimentos, y autoridades nacionales y locales- relevan la necesidad de que en la discusión constituyente se incorporen los distintos actores del sistema alimentario. Coinciden además que incorporar el Derecho a la Alimentación en la nueva Constitución podrá dar continuidad a las políticas públicas frente a cambios políticos y gubernamentales, y se priorizarán los problemas alimentario-nutricionales.

La investigación interdisciplinaria consideró la revisión de constituciones de 89 países de América y el Caribe, de todos los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de 14 países del resto del mundo, de los cuales solo 32 países (36 por ciento) cuentan con el derecho a la alimentación explícito en su Constitución. Estos textos abordan en distinta magnitud las temáticas de aseguramiento de la seguridad e inocuidad alimentaria, alimentación saludable y soberanía alimentaria. Otro grupo de países solo hace mención del aseguramiento propiamente tal.

La Dra. Lorena Rodríguez, investigadora principal y académica de la Escuela de Salud Pública, destacó que con este estudio se logró una mirada integral a través de la revisión de más de cien distintos estudios internacionales respecto a la alimentación, además de las constituciones. Junto a esto, relevó que el material recoge la voz de personas del ámbito jurídico, nutricional y productivo de distintos sectores del gobierno, sociedad civil, campesinos y campesinas, pescadores y feriantes, quienes “dieron sus miradas respecto a por qué es importante incorporar el derecho a la alimentación en la Constitución, qué es lo que se va a garantizar, para quiénes y en calidad de qué”.

El profesor Jorge Aranda, profesor de la Facultad de Derecho y co investigador, señala además que “el estudio es importante porque revisa otros textos constitucionales que han constitucionalizado el derecho a la alimentación, los beneficios que ha traído, y cómo ello se contrasta con la realidad nacional, que ha pasado de problemas de desnutrición a la malnutrición”.

Lo anterior se ve reflejado en nuestro país, ya que -de la mano de sus cambios demográficos y económicos- Chile pasó rápidamente de tener una alta prevalencia de desnutrición hace unos 30-40 años, a tener actualmente, una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, con una dieta excesiva en alimentos ultraprocesados y de muy mala calidad nutricional. Este proceso ha sido determinado por profundas inequidades, transformaciones sociales y cambios en el estilo de vida, las normas culturales y las prácticas de comportamiento, lo que se ve agravado por el impacto económico de la actual crisis sanitaria.