A través de una declaración del Grupo de Puebla, Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero, y Fernando Lugo expresaron su preocupación ante la postergación del juicio contra el excandidato presidencial chileno, programado para el lunes 7 de junio. También lo hicieron la diputada Karol Cariola, los senadores Alejandro Navarro y José Miguel Insulza, el exparlamentario Carlos Ominami y el presidente del PRO, Camilo Lagos.

Este jueves, los expresidentes de Brasil, Colombia, Ecuador, España y Paraguay, Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero, y Fernando Lugo respectivamente, junto a parlamentarios y excancilleres latinoamericanos, miembros del Grupo de Puebla, expresaron su preocupación ante la permanencia de en la región de “técnicas para perseguir a líderes progresistas e impedirles intervenir en la política”.

A través de una declaración pública, la agrupación internacional de líderes progresistas se refirió particularmente a la causa que la fiscalía chilena sigue en contra de Marco Enríquez-Ominami “quien ha sido una de las muchas víctimas de la acción política y tiránica de persecución que se ha registrado en América Latina contra líderes que han debido enfrentar procesos penales”.

En el documento también reiteran su llamado “a poner fin a los casos de guerra judicial y política en Latinoamérica”, recalcando que “vemos con preocupación que se mantenga esta técnica para perseguir a líderes progresistas e impedirles intervenir en la política, como forma de controlar la participación democrática, siendo una manera agresiva de reemplazar las armas militares por la manipulación de recursos legales para detener cualquier pretensión política y propuesta progresista en nuestra región”.

“Hace algunos días, conocimos que nuevamente se ha postergado el inicio del juicio que la Fiscalía chilena sigue en contra de Enríquez-Ominami, quien desde hace siete años espera enfrentar a la justicia para dar a conocer su verdad y poder defenderse”, agregan, enfatizando que “esto no puede seguir sucediendo ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Brasil”.

“Por eso, rechazamos cualquier acto contrario a la presunción de inocencia y al debido proceso y reiteramos nuestro llamado a respetar el derecho a una protección mínima jurídica y política de Estado, además de los plazos razonables, que en el caso de Marco Enríquez-Ominami, han sido evidentemente vulnerados”, puntualizaron en su declaración.

El documento fue firmado, además, por Daniel Martínez, excandidato presidencial de Uruguay;  Andrés Arauz, excandidato presidencial de Ecuador; Hugo Martínez, excanciller de El Salvador; Guillaume Long, excanciller de Ecuador; Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador; Celso Amorim, excanciller de Brasil; el senador chileno Alejandro Navarro; y Mónica Xavier, senadora de Uruguay.

También lo hicieron María José Pizarro, senadora de Colombia; Jorge Taiana, senador de Argentina;  Beatriz Paredes, senadora de México; la diputada chilena Karol Cariola;  Ana Isabel Prera, exembajadora de Guatemala; Esperanza Martínez, exsenadora de Paraguay; Carlos Sotelo, exsenador de México; Gabriela Rivadeneira, exrepresentante de la Cámara de Representantes de Ecuador; el exsenador chileno Carlos Ominami; Aída García-Naranjo, exministra de Perú; Aloizio Mercadante, exministro de Brasil; Adriana Salvatierra, expresidenta del senado de Bolivia; Carol Proner, jurista de Brasil; el presidente del Partido Progresista de Chile Camilo Lagos; y el senador José Miguel Insulza.