La ministra de Transportes, Gloria Hutt, planteó que Metro podría ser una alternativa para renovar la flota de buses del Transantiago este año. De hecho, una de las propuestas de la cartera es que la estatal retome el rol de operador que tuvo con los metrobuses, que desaparecieron hace once años.
Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, incorporar a Metro en la operación del Transantiago permitiría cambiar el modelo de negocio del sistema, ya que al ser estatal no requeriría participar en una licitación. Simplemente, se le asignaría un área para implementar y administrar buses, lo que permitiría que la fiscalización de su calidad fuera más rápida y las mejoras, más oportunas, sin necesidad de que el Estado tenga que esperar a que termine un contrato con un privado para evaluar recién ahí si cumple con los estándares o no se le renueva.
“Cuando se licita un servicio, se le entrega la operación a un privado y solo se puede controlar su calidad de acuerdo a lo que dicen las bases de licitación, que si duran cinco u ocho años, pueden quedar obsoletas mucho antes”, explica. “Colocar a Metro en esto sería completamente opuesto a lo que ocurre actualmente. Una empresa que da servicio permanente a la ciudad hace que no se requieran contratos con fecha de término. Es decir, no estamos hablando de una licitación a cierta cantidad de años sino, más bien, una empresa que asume un servicio y que lo puede ir modificando inmediatamente si es que hay algún problema”, sostiene.
De acuerdo a Martin, también es destacable que la ministra planteara la posibilidad de que más empresas participaran en el sistema, pero con menores áreas de servicio, ya que permitiría al Estado remover a los privados con mayor facilidad, dado que su inversión sería menor. “Es un camino interesante, porque reduce la cuota participación de los privados y genera un involucramiento mayor por parte del Estado para generar un servicio de transporte”, señala.
Finalmente, considera que la mayor participación del Estado en el sistema de transportes redunda en un beneficio para el usuario, ya que el enfoque del servicio sería más “social”. “Esto abre la puerta para que el eventual modelo se discuta en una escala mucho más grande, de no licitar solo a privados, a plazo fijo, sino tener una incorporación mayor del Estado en ciertas áreas”, concluye.
