Fallo histórico condena a miembros de la mayor red de tráfico de migrantes a Chile

30 octubre, 2018

Arica, 30 de octubre.- Luego de más de dos meses de juicio oral y al menos dos años de investigación, se logró condenar a la mayor red de tráfico de personas conocida en la historia de Chile. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Arica actuó como parte querellante y demandante civil en el proceso en el que se dieron a conocer una serie de pruebas y desgarradores testimonios de víctimas.

El juicio oral de la denominada Operación Desierto, que se inició el pasado 27 de agosto, incluyó 89 casos de víctimas traficadas a nuestro país (todos ciudadanos dominicanos) y fue dirigido por la Fiscal Regional Javiera López junto al Fiscal Daniel Valenzuela, quienes presentaron una serie de pruebas en contra de los acusados (ciudadanos peruanos) Reyna Huaringa Maquera, Yemeyel Morales Álvarez y los hermanos Kliver y Kharlo Zárate Sunción. Estos dos últimos fueron extraditados desde Perú a Chile en octubre de 2017. El tribunal oral determinó absolver a un quinto acusado, asimismo el tribunal acogió la demanda civil y condenar a los acusados por el daño infringido a las víctimas de este delito.

La abogada encargada de llevar el caso desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Arica, Daniella Brondi, destacó “Ha sido un juicio extenso, pero donde se logró acreditar y condenar a esta organización criminal transnacional que operaba ya desde el año 2013. El veredicto resulta importante y crea un precedente en nuestro país, ya que la demanda civil por daño moral interpuesta en este juicio por el Servicio Jesuita a Migrantes fue acogida el día de hoy, lográndose acreditar el sufrimiento y detrimento en la calidad de vida de cada una de las víctimas de este delito y la obligación de ser reparada”

“Desde el SJM siempre vamos a querer apoyar por una sociedad más justa e inclusiva. Es por eso que destacamos que este tipo de delitos tienen lugar cuando se implementan políticas particulares dirigidas a un colectivo, como lo es el dominicano, a quienes se les exige visado consular desde el 2012 y quienes finalmente quedan expuestos a los abusos de las redes de tráfico por la intención de venir a Chile a mejorar su situación económica y las de sus familias”, afirmó Víctor Hugo Lagos, encargado del área Jurídica de la fundación.

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