Además, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de reapertura de las indagatorias presentada por el querellante Claudio Wortsman, quien patrocina legalmente a “Inversiones y Asesorías Lucerna SpA”, uno de los acreedores de la casa de estudios.
El pasado 8 de agosto, la fiscal oriente América Vergara, comunicó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la investigación por presunto ocultamiento de bienes de 4.500 millones que seguía en contra de ex directivos de la Universidad del Pacífico (Julio Ortúzar, Pablo Ortúzar, Ítalo Giraudo, Gloria Vargas y Libardo Buitrago), los representantes de STANDARD SpA (Alfonso Boñar, Juan Olcay y Luis Olcay), y los abogados Samuel Donoso Boassi, Jaime Bonilla Rozas y Francisco Foncea Gutiérrez.
La decisión del Ministerio Público ocurre luego de tres meses de pesquisas, las que tienen su origen en dos querellas interpuestas: una presentada por los alumnos y otra, por uno de los acreedores. En ambas, se acusó que los querellados realizaron operaciones que tendrían como objetivo ocultar una suma superior a $ 4.550.457.338 del patrimonio de la casa de estudios.
Así, de acuerdo a los documentos, se habrían escondido dineros que actualmente reclaman los querellantes para víctimas y acreedores del proceso.
La querella por ocultamiento de bienes fue presentada en mayo por Wortsman y según expuso en el texto, los tres abogados imputados “indujeron o prestaron auxilio y cooperación profesional y jurídica en las maniobras destinadas a ocultar bienes por una suma superior a $ 4.550.457.338, poniéndolos fuera del alcance de los acreedores de la Universidad del Pacífico”.
En detalle, expuso que “la operación consistió en un ocultamiento de bienes que importó la planificación, concertación y ejecución de una compleja secuencia de actos jurídicos consistentes en simulaciones de actos y contratos, alteraciones de precios, estipulaciones de cláusulas falsas, generaciones y sucesivas extinciones de un crédito inexistente o previamente extinguido para permitir el traspaso del inmueble ubicado en Avenida Las Condes número 11.121 de la Comuna de Las Condes que constituía el principal activo de la Universidad del Pacífico, conjuntamente con el cobro y la distracción del patrimonio de la Universidad del Pacífico de un botín superior a $ 4.550.457.338”.
El abogado Wortsman explicó en esa oportunidad que “se encontraron documentos que indicarían que en los días previos a la venta de la sede de Las Condes por ocho mil ochocientos millones de pesos ocurrida el 21 de Junio de 2017, se habrían suscrito varias escrituras y contratos para permitir el desvío de una parte del precio, por más de tres mil trescientos millones de pesos, en favor de una sociedad de la familia Ortúzar Muñoz, ex controladores de la Universidad del Pacífico, a través de simulaciones de contratos, extinciones, resurrecciones y cancelaciones sucesivas de un mismo crédito, y de la alteración de los estados financieros presentados al Ministerio de Educación, agregando un pasivo inexistente por más de cuatro mil millones de pesos”.
Y agregó que “esos documentos son indiciarios de que STANDARD SpA (compradora de la sede de Las Condes), en la realidad pagó un precio menor al declarado en la escritura de compraventa, desapareciendo del patrimonio de la universidad el mismo día de la venta, la suma de mil doscientos millones de pesos, mediante la forma aparente de un pago anticipado de una garantía o cláusula penal (equivalente a 18 meses de renta dejados en garantía) en el marco de un arrendamiento que tendría una duración inicial de 3 años renovables. No obstante, esta irregular garantía se habría ‘dado por pagada’ descontándola del precio de venta, antes que se inscribiese el dominio en favor de la compradora y arrendadora, cuando la sede de Las Condes aún era de propiedad de la Universidad del Pacifico (que sería la nueva arrendataria) e, inclusive, dos semanas antes que se efectuase la entrega material de la sede a la nueva dueña y arrendadora STANDARD SpA”.
En paralelo a esta acción, la abogada Daniela Awad, que representa a cerca de 400 alumnos de la casa de estudios, presentó también una querella por el delito de prevaricación de abogado que apuntó a los abogados Samuel Donoso y Ramiro Araya. Esto, porque habiendo asumido la defensa judicial de la parte demandada STANDARD SpA en dos juicios sumarios de revocación concursal de contratos, tomaron posteriormente la defensa judicial de una acreedora denominada INMOBILIARIA ARKA SpA. Esto significaría, según explicó entonces la querellante, la existencia de intereses contrapuestos entre esta última parte (acreedora) que por definición persigue el pago de su crédito dentro del proceso concursal, y la otra parte, que es la demandada STANDARD SpA, que buscan evitar pagar o devolverle suma alguna a todos los acreedores del proceso concursal para que reciban los pagos de sus créditos.
Todo lo anterior, sin embargo, fue desechado por el Ministerio Público, ya que consideró que no habían antecedentes suficientes para sustentar una acusación y por tanto, decidió no perseverar en la investigación.
