El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, con fecha 4 de enero de 2019, resolvió sancionar al director de la
Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía
Nacional, Luis Torres González, con la medida disciplinaria de remoción prevista en el artículo 9 n°
5 del reglamento de Responsabilidad Administrativa para Fiscales y Funcionarios.
La decisión fue adoptada tras el cierre de la investigación administrativa iniciada el 29 de octubre de 2018 por una denuncia de acoso sexual en contra del directivo y que instruyó el abogado investigador Mauricio
Fernández Montalbán.
La máxima autoridad del Ministerio Público, tras revisar el informe del investigador, dio por acreditados dos hechos de acoso sexual cometidos en contra de dos alumnas en práctica de Derecho de la Fiscalía Nacional, dependientes directamente de su supervisión y bajo su custodia, otra conducta también constitutiva de acoso sexual contra una funcionaria de la Fiscalía Nacional y por incurrir en diversos comportamientos que infringen la obligación de mantener una conducta funcionaria moralmente intachable y de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Los que contituyen cuatro de los cinco cargos formulados.
El Fiscal Jorge Abbott consideró que la aplicación de la máxima sanción administrativa se debe a que los hechos acreditados en la investigación constituyen conductas inmorales graves que fueron debidamente comprobadas y que vulneran sus deberes de probidad previstos en el Reglamento de Personal para funcionarios del Ministerio Público.
Junto con imponer la máxima sanción al abogado Luis Torres, el Fiscal Nacional instruyó a la División de Personas de la Fiscalía Nacional la evaluación y elaboración de un plan de trabajo para implementar medidas de mejoramiento, tales como, capacitación especial al equipo directivo y subrogantes de la Fiscalía Nacional en el procedimiento de denuncia de acoso sexual del Ministerio Público y el alcance del Código de Buenas Prácticas y Respeto Laboral, reforzar la difusión a todas las fiscalías del país de la normativa y procedimiento de materia de acoso sexual, aplicar a estudiantes en práctica una encuesta para la detección específica de eventuales situaciones de acoso sexual, entre otras medidas.
