La necesidad que se haga buen y criterioso uso de las herramientas de compras públicas en todo momento, en especial en tiempos de emergencia -sea en el contexto de movilizaciones sociales, la actual pandemia o eventuales catástrofes naturales-, realizó la Fundación Multitudes, la cual inició una revisión aleatoria de este tipo de actos administrativos realizados durante este primer semestre.
“Es un respeto a la ciudadanía tener buenas prácticas en las compras públicas, y eso es lo que queremos impulsar desde Fundación Multitudes, mediante la creación de un Observatorio de Compras Públicas de la Sociedad Civil, que haga examen a este tipo de actos administrativos, de manera tal de advertir eventuales correcciones al sistema a las autoridades correspondientes, así como también ingresar los requerimientos a la Contraloría General de la República”, dijo la directora ejecutiva de la organización, Paulina Ibarra.
De hecho, en este examen, se detectó el arriendo de oficinas para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Dirección Metropolitana, en el centro de Santiago, por un costo promedio de más de 100 millones de pesos mensuales, a una empresa especialista en los llamados “cowork”, espacios de uso compartido que se han vuelto populares en los últimos años.
Las dudas surgen no por el costo, que alcanzó un desembolso de $643.073.510.-, entre noviembre de 2019 y abril de 2020, sino porque la figura que se utiliza para la contratación es la Ley 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, cuando que para arriendos en el sector público este tipo de contratos se realizan bajo los preceptos del Decreto Ley N.º 1939, de 1977, y sus posteriores modificaciones y actualizaciones.
Además, en este caso se aplicó el trato directo, figura excepcional que, a causa del estado de emergencia, se ha vuelto más recurrente. De hecho, revisando los tratos directos en el Portal Chile Compras, la Fundación detectó que en el 2019 se optó por ese procedimiento en 252 mil veces, pero solo a mayo de este año ya se registran más de 100 mil tratos directos, por lo que se estima que se finalizará el 2020 con más de 300 mil de estos actos administrativos.
“Este aumento inusitado de tratos directos se explicaría por el estado de emergencia actual y que se arrastra prácticamente en los últimos 9 meses, desde el estallido social a la pandemia, pero como su aplicación es solo para situaciones excepcionales y no para la norma general, pueden prestarse para errores administrativos”, recalcó Paulina Ibarra.
Por ello, a juicio de la cientista política, “se torna importante, por la transparencia y las posibilidades de acceso igualitario a las adquisiciones que realiza el Estado, contar con este Observatorio de la Sociedad Civil, para contribuir a mejorar un sistema de Compras Públicas que ya va a cumplir dos décadas de funcionamiento en nuestro país”.
Cabe señalar que con fecha 17 de julio de 2020, Fundación Multitudes ingresó a la Contraloría General de la República la documentación sobre el caso de arriendo de oficinas de JUNJI, de manera de que se aclare si el procedimiento administrativo se ajusta a lo que establece la normativa vigente.
