La falta de evidencia y datos empíricos que justifiquen la medida, es el principal motivo por el cual especialistas del ámbito del Derecho cuestionan el proyecto anunciado por el gobierno, que busca ampliar el control preventivo de identidad, que hoy se puede aplicar a los mayores de 18, desde los 14 años.

A juicio del académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Diego Palomo, “pareciera ser una medida que apunta más a satisfacer a la galería, una medida de algún modo facilista, que se recoge dentro de lo que se entiende como el ‘populismo punitivo’ que no se sustenta sobre pilares que son esenciales a la hora de diseñar políticas públicas, en especial en el ámbito criminal, porque al menos hasta ahora se desconoce que haya evidencia que avale lo que se está proponiendo de parte del gobierno”.

El abogado, especializado en derecho procesal, recordó que las estadísticas muestran que el sistema de control preventivo de identidad vigente desde hace tres años en el país “no ha sido todo lo efectiva que se pensó o se dijo que iba a ser”.

Agregó que “pareciera que esta innovación de ampliar estos controles a mayores de 14 años no va a innovar en los resultados positivos si ya la medida de control preventivo ha mostrado que en realidad hay un despliegue más bien efectista que efectivo, que posterga en definitiva o malgasta los escasos recursos que tiene el aparataje estatal para perseguir los eventuales delitos”.

En esa misma línea, el director del Centro de Estudios de Derecho Penal (Cedep) de la UTALCA, Francisco Maldonado, añadió que la implementación de mecanismos de control aleatorio como el propuesto tiene una efectividad “muy limitada”, en especial si se la compara con otras alternativas, que suponen un mayor análisis y procesamiento de información.

“De ser el caso, la propuesta se debería respaldar con análisis que den cuenta de su utilidad, y que hasta el momento no conocemos. Lo dicho se puede confirmar en los bajos resultados que ha tenido este mismo tipo de medidas en el régimen de adultos, aprobada hace algunos años atrás”, indicó el investigador.

En este contexto, Maldonado observó que lo más preocupante es el sesgo con que este tipo de atribuciones suelen ejercerse, “rayando la arbitrariedad, provocando por ello estigmatización y alejando a las policías de los agentes de control”.

Y comentó que “en el caso de menores de edad el estigma es más grave y provoca efectos negativos en el propio destinatario y en la relación de su entorno con las policías, aspecto que hoy en día parece más bien prioritario de cuidar. Estos mismos caracteres favorecen un potencial ejercicio discriminatorio o arbitrario y genera condiciones proclives al abuso. Y no parece que sea el momento de abrir espacios para ello, especialmente tratándose de las policías”.

Al respecto, Diego Palomo advirtió que el sesgo clasista que podría implicar la implementación de la medida podría abrir la puerta a la aparición de conflictos de tipo social. “El ´populismo punitivo’ de algún modo expone a las clases más humildes a medidas que afectan mucho más intensamente los derechos que el sistema procesal penal ha venido consolidando desde su entrada en vigencia progresiva a partir del año 2000 en Chile. Veo con recelo proyectos de esta naturaleza si, en primer término, no están debidamente acompañados de estudios estadísticos que permitan asegurar que este tipo de medida será efectiva, y, en segundo, que se van a tomar todos los resguardos necesarios para evitar que su implementación se traduzca en una merma o disminución de las garantías que tienen todas las personas, máxime si se está hablando de menores de edad”, subrayó.

CIFRAS

El jurista Carlos Mora, también profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, sostuvo que el sistema de control preventivo vigente en la actualidad permite a la policía solicitar la identificación de cualquier persona en la vía pública sin que sea necesario respecto de este individuo algún indicio de estar cometiendo algún ilícito. “Su finalidad, cuándo se implementó, era poder individualizar a personas que mantuvieran órdenes de detención pendientes a fin de ponerlas a disposición de los tribunales respectivos”, indicó.

Sobre esta base, el docente señaló que “resulta preocupante este intento de modificación, puesto que las cifras dan cuenta que el control preventivo respecto de adultos, a casi tres años de su implementación, no ha demostrado ser una medida efectiva para lo que fue creado; disminuir las cifras de personas con órdenes de detención. Según fuentes del ministerio del interior entre abril y junio de 2018 se realizaron 1.234.354 controles preventivos. De este total, solo el 2,4% fue detenido por registrar orden de detención pendiente de un tribunal. Una cifra por lo tanto absolutamente marginal si tomamos en cuenta el costo estatal que trae aparejado la implementación de la misma”.

“Sin perjuicio de lo anterior, la medida que se quiere implementar respecto de los adolescentes va en clara contradicción con lo que indican las cifras, en el sentido de una baja sostenida durante los últimos tres años en la cantidad de menores infractores de Ley, acumulando una caída a nivel nacional del 30%”, profundizó.