Kinesiólogos buscan dejar atrás la desigualdad de la rehabilitación por medio de la nueva Constitución

22 enero, 2022

El acceso a rehabilitación es un tema pendiente en nuestro país, poco valorado por las autoridades de salud y las cifras oficiales son francamente malas. Bajo esa premisa y con una pandemia en curso donde ya hay muchas personas que producto del Covid 19 necesitarán rehabilitación permanente, es que el Colegio de Kinesiólogos presentó a la Convención Constitucional una iniciativa que busca el derecho a la terapia física y rehabilitación en las personas con discapacidad y susceptible de serlo.

Como todas las iniciativas se encuentra a días de conseguir las 15.000 firmas necesarias, firmas que podrían cambiar la historia para miles de familias y pacientes. El Presidente del gremio, Eduardo Tognarelli entrega datos relevantes del escenario actual, “según el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) realizado el 2004, sólo un 6,5% de las personas en situación de discapacidad (PSD) había tenido acceso a prestaciones de rehabilitación y poco se ha hecho desde entonces donde el enfoque primario de las estrategias sanitarias como el GES, las listas de espera, etc. se centran en diagnósticos y procedimientos médicos y no a la condición funcional de los usuarios al final del proceso, lo realmente importante, la calidad de vida. Esto debe cambiar, las intervenciones en salud deben centrase en la mejoría de la calidad de vida de la población”.

La propuesta del Colegio de Kinesiólogos para establecer en la nueva Constitución el derecho a la terapia física y rehabilitación, busca asegurar el acceso y calidad a recuperación funcional de las personas en situación de discapacidad y a aquellos que tienen condiciones de salud con riesgo de desarrollarla como son las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad que tienen una gran prevalencia en la actualidad en nuestro país. Otro grupo importante que se beneficiaría de la iniciativa son los adultos mayores y los miles de secuelados de COVID-19, que presentan una serie de compromisos físicos por los cuales requieren de rehabilitación.

La discapacidad en Chile como en el mundo entero es un problema sanitario mayor. Afecta principalmente a grupos vulnerables de la población y se relaciona especialmente con un menor acceso a prestaciones de salud, condiciones medioambientales desfavorables, mayor incidencia de enfermedades y menores oportunidades de desarrollo intelectual y económico. “Por lo anterior, la falta de medidas efectivas en la implementación de una política pública, no sólo debe ser considerada un problema de salud pública, sino que un acto de discriminación en contra de un grupo de la población. El Estado chileno debe concentrar sus esfuerzos para abordar el problema de manera decidida e implementar medidas concretas en todos los niveles posibles de intervención, poniendo especial énfasis en la prevención y asistencia de salud oportuna y efectiva”, enfatiza Tognarelli.

Según el Colegio de Kinesiólogos, en los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, así como también, al aumento mundial de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los trastornos de la salud mental y las enfermedades transmisibles de desenlaces grave como es SARSCoV2.

“Las personas en situación de discapacidad en Chile integran un importante grupo de aquellos que justamente se sienten postergados por las autoridades y requieren de políticas públicas derivadas del reconocimiento Constitucional de su derecho a la implementación decidida de acciones concretas y efectivas, dado los altos costos que genera desde un enfoque meramente asistencial y carente de la coordinación necesaria. La discapacidad no debe ser vista solo como un asunto sanitario, si no que social, por lo que el Estado debe articular una política pública que permita desarrollar planes nacionales de prevención, intervención precoz y condiciones que permitan la habilitación funcional de las PSD para que de este modo puedan lograr el principal objetivo en esta materia; la integración social global”, finaliza Eduardo Tognarelli haciendo un llamado a apoyar la iniciativa en el siguiente link https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/61678

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