Las claves de las indicaciones al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad: policías subordinadas al poder civil, robustecimiento de la probidad y la formación

29 agosto, 2022

La creación de un Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana es parte del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, compromiso que avanza y que cumplió su primera etapa el pasado 1 de agosto, cuando el Gobierno anunció el ingreso de las indicaciones al proyecto de ley que está en primer trámite constitucional en el Senado.

Esta tarde, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, expuso ante la Comisión de Seguridad del Senado, en Santiago, los principales ejes de las indicaciones presentadas por el gobierno al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que se discute en particular en la Cámara Alta.

En ellos, se propone que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (FFOSP) dependen del nuevo Ministerio y se encuentran subordinadas al poder civil. “Se incorporó el concepto de subordinación para dejar claro que todo el actuar de las policías quedará bajo la sujeción del poder civil, lo que se condice con las atribuciones que se le otorgan al Ministerio respecto de las policías en distintos ámbitos”, dijo el subsecretario Vergara.

Asimismo, se pone el foco en el fortalecimiento de la supervigilancia y fiscalización de sus acciones -gestión operativa en resguardo de seguridad y orden público, prevenir y controlar abusos contra los ciudadanos-, además de robustecer el control administrativo, presupuestario y de transferencia, probidad y formación.

En cuanto al cambio de nombre del ministerio, este tiene relación con su finalidad: la prevención de delitos y el mantenimiento y resguardo de la seguridad y orden público, y la promoción de la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad.

En esta última materia, establece que el deber del Estado en seguridad no sólo se tiene que abordar desde una perspectiva criminal, sino que también incluya la mirada local de la ciudadanía y la realidad de cada región o comuna, y así elaborar la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Al respecto, el titular de Prevención del Delito agregó que “creemos que es importante delimitar la competencia al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, concentrando la decisión política en estas materias”, dijo.

Las indicaciones propuestas por el gobierno apuntan además a redefinir la seguridad pública y así considerar una perspectiva integral que comprende la prevención del delito, la reinserción social y la atención y asistencia a víctimas. Sobre este último punto, se consagra legalmente el deber de la Ministra o Ministro de diseñar una Política Nacional de Víctimas, instrumento inédito en nuestra legislación.

En este sentido, se propone un rediseño de las subsecretarías. Es así como se creará una Subsecretaria de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con atribuciones en seguridad y orden público; crimen organizado; resguardo fronterizo; seguridad privada; control y supervigilancia de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en ámbitos estratégico, administrativo, financiero y disciplinario.

Mientras, la Subsecretaria de Prevención del Delito tendrá atribuciones en prevención de delitos y reinserción social, así como de asistencia y atención de víctimas. Asimismo, habrá un fortalecimiento de las SEREMIS de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana: Se instalarán 16 a nivel nacional en un plazo de dos años y se incorporarán nuevas atribuciones, algunas de las cuales hoy las cumplen las delegaciones presidenciales.

Finalmente, las indicaciones del gobierno incorporan una Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos, en cuanto a su pleno respeto. Así, el Plan Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana debe respetar estos derechos e incluir esta perspectiva, y promover la convivencia ciudadana mediante la prevención de la alteración de la seguridad y el orden público. En tanto, la Política Nacional de Víctimas debe tener especial foco en víctimas de violencia de género; niños, niñas y adolescentes, y defensoras y defensores Ambientales (Acuerdo de Escazú).

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