El abogado Juan Carlos Manríquez, miembro de la red internacional Privacy Rules, explica los aspectos clave de la normativa que tipifica 7 delitos y que hoy será enviada al Congreso.
Esta mañana, el presidente de la República Sebastián Piñera, anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que busca frenar los delitos informáticos y establecer un nuevo marco regulatorio en materia de Ciberseguridad.
La normativa fue valorada por el abogado Juan Carlos Manríquez, miembro de la red global Privacy Rules, compuesta por juristas, ingenieros, ex FBI y especialistas de todo el mundo.
Según explica, “los puntos que toca esta iniciativa –que se encontraba muy desfasada- son acertados pues se adecuan a las modernas tendencias y necesidades tanto de una sociedad digital, de los nuevos riesgos que se producen en el e-commerce, como también todas las exigencias más actuales respecto de la protección de datos personales y de la privacidad”, agregando que el proyecto “también se hace cargo de modernas formas delictivas que no podían ser captadas por los tipos penales vigentes”.
“La norma, además, es valorable en cuanto conecta este elemento punitivo que se otorga para poder sancionar las conductas penales en el ámbito de la informática, con la protección de datos personales”, dice Manríquez, detallando que la ley contempla “la debida tutela de la privacidad en cuanto al bien jurídico actual derivado –precisamente- de las tecnologías de la información”.
Por último, señala que el proyecto responde a la necesidad de actualizar “de forma urgente nuestras normas sobre protección de datos y seguridad de datos”, mencionando que la norma impulsada por el gobierno también apunta a velar por “el derecho de las personas para poder protegerse de publicidades invasivas y de la transferencia y/o comercialización a terceras partes de bases de datos que procesen opciones personales sin debidos resguardos”.
“Esto es un riesgo muy relevante y dentro de aquello, muy importante resulta la contemplación del derecho al olvido para tratar de obtener la eliminación de referencias respecto de la vida privada o pública de algunas personas que ya no tiene justificación, y que solo pueden ser fuente de nuevos conflictos o de afectación a valores tales como la vida privada, la honra o la dignidad de las personas”, remata el abogado.
