09-diciembre-2021
La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó el plan de reforzamiento de los tribunales del país para afrontar el retraso de juicios producto de la pandemia. La autoridad destacó que, de 45 mil millones de pesos solicitados, el Ministerio de Hacienda solo autorizó 15 mil, por lo que se implementarán 113 cargos de jueces y juezas destinados en apoyo de los juzgados más sobrecargados.
“La pandemia generó una alta carga laboral en todos los tribunales debido a que no se podían realizar audiencias y juicios por la vía presencial y también en algunas oportunidades incluso semipresencial. Para poder implementar este plan debíamos contar con el apoyo del Ministerio de Hacienda para el presupuesto en el año 2022 y para ello se trabajó mediante una comisión, pero no se logró conseguir el total de lo solicitado. Se autorizaron 15 mil millones de pesos por lo que este plan no podrá apoyar a todos los tribunales del país, si no solo a cerca de 100 tribunales”, dijo la autoridad.
Frente a esta ayuda, explicó que se implementará la figura de jueces o juezas destinados, es decir “magistrados de un tribunal irán a otro para apoyar a los mas sobrecargados”.
Sobre los tribunales más complicados, la portavoz explicó que, si bien todas las materias tuvieron un alto impacto en su labor, la justicia civil es las más atrasada. “Hay una importante recarga en todas las materias, pero la materia civil quedó impactada por una ley de suspensión de causas y estableció que las acciones judiciales quedaran pendientes. Es por esto que la justicia civil es la mas afectada ya que las demás avanzaron vía telemática”.
“La comisión de ministros presentó al Pleno un proyecto de ley para generar una planta transitoria de jueces y juezas y de funcionarios y de consejeros técnicos. Se requiere un numero aproximado de 350 jueces para todo el país. Este proyecto de ley fue aprobado por el Pleno de la Corte Suprema y se envió al Ministerio de Justicia, pero hasta ahora no hemos tenido noticias. Ojalá pueda ser pronto ley de la República y así permitiría reforzar la dotación de tribunales en forma directa y así los ciudadanos reciban una pronta respuesta a sus demandas”, sostuvo.
Dentro de la labor que le corresponde a la Corte Suprema, ha sido la dictación de diferentes autoacordados que regulen la implementación de la nueva ley. De esos cinco documentos, ya que han publicado dos, que son las referentes a los remates on line y las transferencias bancarias electrónicas.
Pago de pensiones de alimentos
La ministra de la Corte Suprema informó que al día de hoy ya se ha tramitado el 100% de todas las solicitudes de retención y pago por conceptos de deudas de pensiones de alimentos del 1º y 2º retiro y que el tercero ya llega aun 97% de cumplimiento.
En total, las AFP pagaron por orden de los Juzgados de Familia $492.659.081.416 de pesos.
“El Poder Judicial y los Juzgados de Familia trabajaron en forma inmediata una vez dictada la primera ley, se reforzó las dotaciones y se implementó todos los recursos informáticos para dar una pronta respuesta a esta demanda de justicia de pago de pensiones y que las deudas fueran saldadas”, dijo la autoridad.
Lesa humanidad
Frente a la decisión de la Corte Penal Internacional de no iniciar un examen preliminar en torno a las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad presentadas en contra del Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades, la ministra de de la Corte Suprema explicó que “es un tema que no se ha tratado en la Corte Suprema, pero puedo decir que es una decisión adoptada por un organismo internacional sobre derechos humanos y obviamente que los tribunales de justicia son los primeros llamados a resolver cuestiones que surgen en el territorio de la República. Los tribunales de justicia están cumpliendo íntegramente su mandato constitucional, conociendo y fallando las causas. En materia penal la investigación la lleva el Ministerio Público”.
Al ser consultado sobre la imagen de la justicia chilena, la portavoz dijo: “Los jueces chilenos dicen al mundo que aquí estamos en un estado de derecho y que cumplen su labor de manera independiente e imparcial. Los tribunales cumplen su mandato constitucional”.
