El Gobierno lanzó un plan de Recuperación Económica y Protección del Empleo de más de US$ 5.500 millones para afrontar los efectos de la crisis social que vive el país, proteger los miles de empleos que se han puesto en riesgo en las últimas semanas y reactivar a cientos de micro, pequeñas y medianas empresas afectadas.
El Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica fue anunciado en La Moneda por los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; de Interior, Gonzalo Blumel; de Economía, Lucas Palacios; y de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, y busca adelantarse a los efectos negativos de la agitación social que ya está afectando el empleo y a las familias, especialmente de los sectores más vulnerables.
La ministra Zaldívar destacó que estas iniciativas, junto a un agresivo plan de inversión, reconstrucción y reactivación económica, permitirá generar unos 100 mil empleos y de esa forma mermar el impacto de la crisis social. “Según nuestros datos ya son 62 mil los despidos que se registran en la Dirección del Trabajo (DT) desde que se inició esta crisis y sabemos que la situación puede complicarse aún más. Es por eso que pedimos al Congreso avanzar para aprobar rápidamente los proyectos de Ley que permitirán ampliar la cobertura del seguro de cesantía y por esa vía apoyar la generación de empleo”, sostuvo.
En materia laboral el plan de reactivación contempla tres grandes ejes, que implicarán proyectos de ley: la Protección del Empleo, el fortalecimiento transitorio del seguro de cesantía y la aceleración de la transición del componente solidario de pensiones. Estas medidas se suman al incremento del 50% de las pensiones que se entregan a través del Pilar Solidario, proyecto que actualmente se está discutiendo en el Congreso Nacional.
En el caso de las empresas que acrediten que su actividad o faena ha sido afectada por la crisis se enviará un proyecto de ley para que los empleadores y los trabajadores dependientes afiliados al Seguro de Cesantía puedan pactar jornadas reducidas, y de esa forma obtener un complemento desde el seguro de cesantía.
Además se fortalecerá, a través de otro proyecto de ley y de manera transitoria este seguro, a) aumentando las tasas de reemplazo de los primeros tres giros para el contrato indefinido y de los primeros dos giros para el contrato a plazo fijo en 10 puntos porcentuales; b) Permitiendo que por un año, los dos giros adicionales señalados en el artículo 25 de la ley N°19.728, se realicen sin que sea necesario considerar el requisito de “alto desempleo” establecido en el inciso tercero del citado artículo; c) disminuyendo para cobrar el seguro el mínimo de 12 a 10 cotizaciones continuas o discontinuas para el trabajador con contrato indefinido; para el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, disminuir el mínimo de 6 a 5 cotizaciones continuas o discontinuas; ambos casos desde la afiliación al seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a la ley y, d) disminuyendo para el fondo solidario de cesantía el requisito de 12 a 10 cotizaciones mensuales en el FCS desde su afiliación o desde que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho, en los últimos 24 meses anteriores contados al mes del término del contrato.
Junto con ello se destinaran recursos públicos para acelerar la transición del componente solidario de pensiones, una vez aprobada la ley, lo que implicará un costo anual US$ 400 millones por dos años.
