Acompañado de apoderados y jóvenes, el senador por la región de BioBío, Alejandro Navarro, llegó a Contraloría para plantear la necesidad de un dictamen que establezca la ilegalidad de la iniciativa que buscan implementar 8 municipios del país, que restringe el horario en que menores pueden circular solos en las calles.
El parlamentario fue más allá y solicitó que Contraloría inicie un juicio de cuentas que exija a los alcaldes, regresar al municipio los recursos implementados en la consulta que preguntó a la ciudadanía sobre la implementación de un “toque de queda” juvenil.
Para el senador del Partido Progresista, el derecho a la libertad de desplazamiento y residencia consagrados en la Constitución “no puede ser restringida sino por la misma Constitución o la ley. Una ordenanza municipal que pretenda restringir el desplazamiento de jóvenes en cualquier comuna es arbitraria e ilegal, y queremos que Contraloría así lo determine”.
“Como se implementó una consulta para llevar adelante una iniciativa ilegal, le pedimos al Contralor el inicio de un juicio de cuentas, a fin que se determine cuánto dinero se ha gastado y que los alcaldes hagan retribución, devuelvan al municipio el dinero empleado”, agregó Navarro.
Además, el parlamentario indicó que “nadie asegura que ha sido el toque de queda el que ha logrado disminuir los índices de consumo de alcohol, de tabaquismo o de drogadicción”, y señaló que “en sectores populares, de bajos ingresos los jóvenes no están en la calle porque quieran, están en la calle porque no caben dentro de sus casas, porque el espacio es estrecho. La socialización se hace en los espacios públicos”.
Navarro instó a las alcaldías que realizaron la consulta a trabajar en espacios públicos, ya que “restringirles la libertad de desplazamiento, aparte de ser ilegal, es absolutamente dictatorial. No puede un alcalde determinar si un joven camina en la calle a un horario determinado”.
“Esta consulta tiene un mecanismo positivo, se ha pedido la opinión de los ciudadanos, nosotros cuestionamos de que se ha hecho a través de un método con una empresa que ha fracasado reiteradamente, y en segundo lugar sobre un tema que es impracticable, por lo tanto, los acaldes debieran medir las cosas que consultan”, cerró.
