Con atención siguieron en la Fundación Paz Ciudadana los anuncios en seguridad y justicia realizados por el Presidente Sebastián Piñera en su primera Cuenta Pública, valorando las acciones comprometidas en materia de prevención temprana y reinserción, pero a la vez cuestionando la efectividad que tendrán medidas como el aumento de penas para determinados delitos.
“Es destacable que se mantenga la seguridad pública dentro de las 5 prioridades del Gobierno, en línea con las principales preocupaciones que declara la ciudadanía. También que se incluya la reinserción dentro de las materias a tratar por la mesa de seguridad, donde originalmente no estaba incluida, y que se implemente un sistema de alerta temprana de condiciones de riesgo delictivo en niños ya que son las materias con las que se puede tener resultados en la disminución de delito”, señalóDaniel Johnson, director ejecutivo de la entidad.
En estas áreas —agregó el director— “falta clarificar los tipos de programa que se implementarán en prevención ya que no todos tienen evidencia de ser efectivos». También indicó: «En prevención se habló de educación y trabajo, pero eso no es suficiente, se deben implementar también programas que se hagan cargo de factores psicosociales que llevan a delinquir, como el consumo problemático de alcohol y drogas, y ayuda para recomponer las redes familiares en la mayoría de los casos rotas, entre otros”.
Preocupa el aumento de penas
En Paz Ciudadana ven con preocupación los aumentos de penas mediante el envío de dos proyectos de ley. El primero, según lo anunciado, buscaría igualar la pena asignada al delito de robo para quienes compren bienes sabiendo su origen ilícito; y el segundo, orientado a la persecución de infractores juveniles y que impondrá a los tribunales la obligación de considerar como agravante de la responsabilidad penal, la reincidencia.
“Esta medida podría no ser justa. Que una persona no tenga una condena anterior no significa que no haya delinquido antes, ya que hay que recordar que el sistema de persecución es muy poco efectivo. Además los estudios muestran que un aumento de penas no reducen la comisión de delitos. Las personas que delinquen apuestan a que no serán descubiertos y no a que estarán poco o mucho tiempo en la cárcel. Los aumentos de tiempos de condena sólo tienen efecto en inhabilitar por un período más largo al infractor, pero a costa de mayor hacinamiento carcelario y una mayor probabilidad de reincidencia”, enfatizó el director de Paz Ciudadana.
Separación de labores policiales
Johnson también dijo que se debe avanzar con mesura en la separación de labores de ambas policías en el ámbito preventivo e investigativo. “La PDI no tiene la capacidad de poder hacer investigaciones de delitos en todo Chile, no tiene presencia ni siquiera en todas las comunas del país, por lo tanto, cuando pensamos que todo lo que sea investigación del crimen se destine a la Policía de Investigaciones y la prevención a Carabineros, no es algo que sea factible en el corto plazo”, señaló.
También indicó que fortalecer el rol preventivo de Carabineros pasa necesariamente por quitarle tareas administrativas que hoy los tienen en muchos casos superados, esto debe hacerse teniendo a la vista un análisis en profundidad de lo que hacen hoy los efectivos en las comisarías y en la calle.
“Primero hay que hacer una revisión profunda de las labores que realizan y las capacidades de Carabineros, que muchas veces no dan abasto para ejecutar los procedimientos que tienen que hacer cada día, y además cumplen múltiples funciones que los distraen de su función principal de prevenir el delito.” indicó.
Falta promover la denuncia
A juicio de Fundación Paz Ciudadana, un tema muy importante y que no está dentro de los anuncios es la participación de la ciudadanía como coproductor de seguridad, para esto es necesario promover la denuncia de los delitos, la rendición de cuentas policial y la difusión de los tipos de delitos y sus lugares de ocurrencia.
“El STOP por ejemplo se basa en las denuncias de delitos que realizan los afectados, pero en Chile esto ocurre sólo en el 50% de los casos. De los demás (delitos) el sistema no se entera. Entonces —explicó Johnson— al usar esas estadísticas para diseñar las estrategias de persecución y prevención, se trabaja solo con la mitad de la información y se pueden sacar conclusiones herradas”, cerró.
