Una nueva demanda por daño ambiental ingresó al Primer Tribunal Ambiental. Se trata de una causa iniciada por pescadores artesanales, buzos mariscadores y macheros de Coquimbo en contra de GTD Teleductos S.A. por el perjuicio que habría producido la instalación de un cable de fibra óptica submarina 5G.

La demanda, que fue presentada por la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Peñuelas; la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Caleta San Pedro y el Sindicato de Trabajadores Independientes Macheros y Otros de Coquimbo, fue admitida a trámite el pasado viernes y una vez notificada, la empresa tiene un plazo de 15 días para contestar.

Los demandantes aseguran que el proyecto se encuentra ubicado en la playa El Lápiz en el sector norte de la desembocadura del Río Elqui, comuna de La Serena, en un Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, AMERB, y que luego de la instalación del cable se han producido tres varazones de machas en el lugar.

“No cabe duda alguna que en el sector donde se emplaza el proyecto de Gtd Teleductos S.A., esto es, en el banco de machas donde se encuentra el Área de Manejo, uno de los bancos de machas más productivos del país, ha generado un impacto ambiental y daños al medio ambiente, especialmente a los recursos bentónicos del lugar, producto de la instalación del cable FOS 5G. No es una coincidencia que al mes de la instalación del cable FOS 5G, haya habido tres grandes varazones en el sector donde se encuentran en constante exposición de los ya mencionados cables”, dice el escrito de los demandantes.

Además, los pescadores indican que de acuerdo a un estudio encargado por la misma empresa se estableció que  “como se puede apreciar por los profesionales que elaboraron este análisis, en base a estudios científicos y literatura sobre el tema en cuestión, se descartaron todas las fuentes posibles conocidas de varazones, dejando solo como posible causa la presencia del cable de Fibra Óptica Submarina 5G, de Gtd Teleductos S.A.”.

Otro de los puntos que se establecen es que la empresa no contaba con los permisos al momento de realizar las obras y que en las diversas reuniones que han sostenido con autoridades y la empresa, ésta no ha querido referirse al daño, ni a su compensación. Sin embargo, presentó una propuesta económica de 300 millones de pesos. “La actitud de Gtd, en todo momento no solo demostró hacia nuestros representados una falta de sensibilidad hacia una vida en torno al mar, la actividad pesquera y el recurso natural constantemente dañado, sino un incorrecto tratamiento en su proceder y forma de dialogo al trabajo de décadas de preservación y protección del recurso de los actores en la región”, argumentan.