El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, ex director general de la Policía de Investigaciones, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. Ilícitos perpetrados entre 2015 y 2017, en la ciudad.
En la resolución, la magistrada Carla Cappello Valle ordenó el ingreso en prisión preventiva de Espinosa Valenzuela, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.
Al momento de resolver la necesidad de cautela, la jueza Cappello Valle ponderó que el exdetective “ha sido imputado en calidad de autor de tres delitos que, por sí solos, tienen asignada pena de crímenes sin considerar la reiteración de la conducta, que significa un aumento en la eventual pena. Pero, además, el imputado era, a la fecha de comisión de los delitos, el director general de la PDI. No estamos hablando de un funcionario del departamento de bienestar, ni de una repartición menor de la organización, sino de la máxima autoridad de una institución policial de carácter profesional que, según su mandato legal, debe investigar los delitos y además contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; o sea, la máxima autoridad de la entidad que debe velar por la prevención delictual y que debe prevenir que no se cometan actos en contra el Estado”.
Asimismo, la magistrada tuvo presente que, en el caso, Espinosa Valenzuela “se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal, por montos cercanos a los 150 millones de pesos. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga que, por las penas asignadas y por la reiteración de la conducta, sería de carácter efectivo”.
En la audiencia de formalización, que se inició el miércoles recién pasado, también fue imputada María Magdalena Neira Cabrera, cónyuge de Espinosa Valenzuela, en calidad de autora del delito de lavado de dinero; y Eduardo Esteban Villablanca Inostroza, comisario de la PDI, a quien la fiscalía sindica como autor del delito de lavado de dinero y como cómplice del delito de malversación de caudales públicos.
En sus casos, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó el arresto domiciliario parcial nocturno y el arraigo nacional de Neira Cabrera; en tanto, Villablanca Inostroza quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados.
Gastos reservados
Según el ente persecutor, entre 2015 y 2017, el comisario de la Policía de Investigaciones Eduardo Esteban Villablanca Inostroza, quien ejercía como ayudante del entonces director general de la policía civil Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, realizó a cambio de comisiones, al menos 53 depósitos de dinero en efectivo, en diversas cuentas bancarias pertenecientes al imputado Espinosa y a su esposa, María Magdalena Neira Cabrera.
Depósitos que, en montos fraccionados, habría permitido al matrimonio Espinosa Neira apropiarse de un total $146.000.000 (ciento cuarenta y seis millones de pesos), correspondientes a gastos reservados asignados al director general de la PDI.
Asimismo, los imputados realizaron una serie operaciones que tuvieron por objetivo ocultar el origen del dinero, confundiéndolo con bienes lícitos para integrarlo al sistema económico formal.
Finalmente, Espinosa Valenzuela emitió declaraciones juradas mendaces ante la Contraloría General de la República, acerca del uso y destino de los fondos asignados por concepto de gastos reservados a la institución, que tenían por objeto ocultar la sustracción de parte de dichos fondos.
Representado por el Consejero Daniel Martorell y los abogados litigantes de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Gabriela Zúñiga y Diego Acuña, el CDE intervino en las distintas audiencias y en la tercera jornada efectuada hoy viernes exponiendo los argumentos de hecho y derecho que sustentan la solicitud de cautelar pedida contra los imputados, relacionada con la sustracción de dineros de gastos reservados, la falsificación de documentos públicos al rendir cuenta mendaz de los mismos y los actos de lavados de activos formalizados.
Al respecto, el Consejero Martorell indicó que el exdirector de la PDI habría ordenado al coimputado Villablanca depósitos mensuales por cerca de siete millones de pesos en efectivo, por lo que “duplicó su sueldo como jefe policial” entre los años 2015 y 2017, mientras que su cónyuge habría recibido dineros en su cuenta bancaria por montos equivalentes a cerca del 60% de su sueldo.
Señaló que, para hacer ese cálculo, se consideraron únicamente depósitos en efectivo superiores a un millón de pesos y que los 146 millones sustraídos “tienen una trazabilidad directa” en un periodo de 21 meses, con los depósitos efectuados. “Durante casi dos años existieron depósitos mensuales por cerca de siete millones de pesos en efectivo”, afirmó.
En cuanto a las rendiciones falsas presentadas, indicó que “El ejercicio lógico que hay que hacer es tomar las declaraciones de los jefes de las unidades de la PDI que declaran haber recibido gastos reservados y compararlas con los documentos públicos que el imputado Espinosa presentó ante la Contraloría General de la República. observándose que, incluso, las diferencias van más allá de los 146 millones de pesos.”, aseguró.
En representación del interés público, el Consejero Daniel Martorell hizo hincapié en la gravedad de los delitos que se investigan desde el punto de vista de las acciones que esa Institución dejó de realizar como consecuencia de las sustracciones: “Los gastos reservados tienen una destinación que va en beneficio de la sociedad, porque tienen como propósito directo combatir la delincuencia, entonces yo me pregunto, a partir de estas sustracciones, cuántas medidas que pudieron evitar actos de delincuencia dejaron de verificarse”.
Tras presentar detalladamente los fundamentos del Consejo, el Consejero Martorell indicó al Tribunal que el Organismo adhirió a la medida cautelares de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para Espinosa y de su cónyuge de arresto domiciliario nocturno parcial y arraigo nacional; discrepando de lo solicitado para el imputado Villablanca, contra quien pidió decretar, también, prisión preventiva, por considerar que sería autor y no cómplice de los supuestos delitos investigados.
