La Asociación Venezolana en Chile (Asoven), la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales se unieron para reiterar que en el caso de las personas expulsadas hoy, y por cuarta vez consecutiva, no se respetó el debido proceso, los tratados internacionales suscritos por Chile ni el reciente llamado humanitario de la ONU.

En las afueras del Cuartel de la PDI de calle San Francisco en Santiago, líderes y representantes de organizaciones migrantes y pro migrantes se unieron para exigir conjuntamente al Gobierno que frenen definitivamente las expulsiones colectivas por vía aérea que este domingo volvieron a darse, desde la ciudad de Iquique, con la salida del país de un total de 56 personas de origen venezolano 37 de las cuales recibieron expulsiones administrativas, mientras las 19 restantes fueron expulsadas por sentencia de un tribunal.

“Por cuarta vez consecutiva, el Gobierno de Chile está deteniendo sorpresivamente a personas para expulsarlas colectivamente del país sin respetar el debido proceso. Todas las personas tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria. A este cuartel de la PDI y a otros del país llegaron personas que no tienen antecedentes penales como ha dicho el Gobierno”, señaló Massiel Cárdenas, abogada de la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales.

A su turno Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), manifestó que “junto a organizaciones migrantes y las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, hemos recabado antecedentes e interpuesto recursos de amparo por 12 personas que han sido detenidas, y que hoy están siendo expulsadas. Finalmente logramos que cinco personas fueran bajadas del vuelo de hoy, lo que demuestra que no estaban todos los antecedentes para expulsarlos, lo mismo podría haber ocurrido con más si hubieran tenido acceso a representación. Hace una semana la ONU emplazó al gobierno de Chile a detener estas expulsiones inmediatamente. Exigimos a la autoridad que frene las expulsiones y que las cortes sesionen los domingos para que  revise todos los recursos presentados”.

“Hay que subrayar además que han detenido a padres y madres de familia y esto no debiera ser, pues genera desarraigo en niños, niñas y adolescentes (NNA) y no atiende a su interés superior. Anoche fuimos testigos directos de cómo madres, padres y niños pequeños ingresaban a este cuartel a despedirse de personas migrantes que serán expulsadas, en una drama cruel e injusto”, agregó Ureta.

En la misma línea, Benigna Zambrano, Directora de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven) apuntó que “reiteramos el llamado al Gobierno chileno a cumplir y honrar los tratados en materia de DDHH y personas migrantes y refugiadas. Las personas de nacionalidad venezolana necesitan de protección internacional, no que se les devuelva a un país donde no hay condiciones para una vida digna. Este es un llamado al Estado chileno independientemente del Gobierno de turno y esperamos que, en este momento histórico que vive Chile, se tengan en cuenta los derechos de las personas migrantes  con un enfoque intercultural y como parte del pueblo chileno; y que el próximo presidente o presidenta se siente en una mesa con las personas migrantes y deje de violar sus derechos”, enfatizó,

“El Gobierno de Chile debe detener las expulsiones colectivas de migrantes que, como ya han dicho mis compañeras, son arbitrarias e ilegales. Exigimos a todas las instancias que detengan esta verdadera campaña del terror, de persecuciones y detenciones de personas migrantes y sobre todo de indocumentados con mayor vulnerabilidad. Los migrantes no están solos, estamos con ellos en un frente de unidad, permanente en el territorio nacional. Porque migrar debe ser considerado un derecho humano más aún en estos tiempos”, sentenció, Vanessa González, Presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile.

Cifras tras las expulsiones

Según los datos solicitados y analizados por el Servicio Jesuita a Migrantes, en los últimos años la cantidad de expulsiones decretadas ha aumentado considerablemente. Entre 2018 y 2020 se decretaron 18.725 órdenes de expulsión, lo que concentra el 45% de las expulsiones decretadas desde 2010. Por su parte, el año con más órdenes de expulsión fue 2019, cuando se superaron las 8 mil.

Asimismo, las órdenes de expulsión a personas venezolanas han crecido exponencialmente desde 2019 en adelante. Así pasaron de sólo 43 en 2018, a superar las 2 mil en 2019 y 2020. La mayoría de las 5.185 expulsiones decretadas en 2020 fueron a venezolanos/as (43%), llegando a las 2.231, de las cuales el 97% fue de índole administrativa.