Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publica informe de evaluación sobre el cumplimiento de Chile de las 40 recomendaciones del GAFI

13 septiembre, 2021
  • Acciones adoptadas por el país entre 2015 y 2019 para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fueron revisadas con una perspectiva de cumplimiento técnico y de efectividad.
  • Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados, contadores, proveedores de servicios societarios y comerciantes de metales y piedras preciosas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF; regular la creación y administración de un Registro de Beneficiario Final, y modificar la tipificación de los delitos de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Santiago, 13 septiembre 2021.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la XLIII Reunión del Pleno de Representantes de dicho organismo (celebrada el 29 de julio de 2021).

El reporte, revisado por la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), destaca que Chile pudo concluir exitosamente, a pesar del contexto desafiante de la pandemia de COVID-19, el proceso de evaluación, tanto del nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI (40R) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), como del grado de efectividad de su Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

El proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua (EM) se inició formalmente en mayo de 2019 con una visita de alto nivel de representantes del GAFI y del Gafilat a Chile, y continuó con una serie de actividades que culminaron en una visita in situ del equipo evaluador, en enero de 2020, en la que se llevaron a cabo más de 50 reuniones de trabajo con autoridades y actores del sector privado. 

Posteriormente, y tras el envío de Chile de sus respuestas a los Cuestionarios Técnico y de Efectividad, en octubre de 2020 se realizó una reunión “cara a cara” con el equipo evaluador, la que excepcionalmente se hizo por videoconferencia, siendo la primera vez en este formato para un país integrante del Gafilat. Durante esta etapa se discutieron diversos aspectos incluidos en los borradores del Informe de la EM de Chile, cuya versión final se aprobó en la Reunión Plenaria de julio pasado.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ejerce la coordinación del Sistema Nacional ALA/CFT y representa a Chile ante el Gafilat, fue el punto de enlace durante todo el proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua 2019-2020.

A la fecha, las evaluaciones que Chile había tenido correspondían a los años 2006 y 2010. En la de 2010, el Gafilat detectó una serie de deficiencias en el cumplimiento del país de las 40R del GAFI, las que fueron subsanadas vía cambios legales y el trabajo realizado en el marco de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT. Ello permitió que, en agosto de 2016, el Pleno del Gafilat aprobara la salida de Chile de la lista de países “en seguimiento intensificado”.

 

El periodo evaluado en esta oportunidad comprendió las acciones adoptadas por Chile entre 2015 y 2019, ambos años inclusive, para prevenir y combatir el LA/FT, según la nueva Metodología del GAFI (aprobada en 2012), que comprende criterios de revisión de cumplimiento técnico (marco normativo del país) y de efectividad real del Sistema Nacional ALA/CFT, basada en un enfoque de riesgo (medido a través de 11 Resultados Inmediatos).

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO:

 

De las 40R, Chile fue calificado con 12 Cumplidas, 18 Mayoritariamente Cumplidas, 9 Parcialmente Cumplidas y ninguna No Cumplida. En tanto. la R17 sobre “Dependencia en terceros” no fue evaluada por no ser aplicable al país.

En conformidad con la nueva Metodología del GAFI, de las 40R hay 6 que se consideran esenciales, por cuanto abordan definiciones legales que los Estados deben cumplir. En ellas Chile obtuvo: 

  • R3, Delito de lavado de activos: Mayoritariamente cumplido.     
  • R5, Delito de financiamiento del terrorismo (FT): Parcialmente cumplido. 
  • R6, Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el FT (congelamiento de activos de terroristas listados por la ONU): Parcialmente cumplido.  
  • R10, Debida diligencia del cliente: Mayoritariamente cumplido.  
  • R11, Mantenimiento de registros: Mayoritariamente cumplido.     
  • R20, Reporte de operaciones sospechosas: Mayoritariamente cumplido.   

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD:

Para evaluar la efectividad del Sistema Nacional ALA/CFT, los niveles de calificación de los 11 Resultados Inmediatos son: Alto (pocas mejoras son necesarias), Sustancial (se requieren mejoras moderadas), Moderado (se requieren mejoras considerables) y Bajo (se requieren mejoras fundamentales). Chile obtuvo en cada uno de ellos:

  • RI.1, Riesgo, política y coordinación: Sustancial.
  • RI.2, Cooperación internacional: Sustancial.
  • RI.3, Supervisión: Moderado.
  • RI.4, Medidas preventivas: Moderado.
  • RI.5, Personas y estructuras jurídicas: Bajo.
  • RI.6, Inteligencia financiera: Sustancial.
  • RI.7, Investigación y procesamiento del lavado de activos: Moderado.
  • RI.8, Decomiso: Moderado.
  • RI.9, Investigación y procesamiento del financiamiento del terrorismo: Moderado
  • RI.10, Medidas preventivas del financiamiento del terrorismo y sanciones financieras: Moderado.
  • RI.11, Sanciones financieras del financiamiento de la proliferación: Moderado.

 

FORTALEZAS DEL PAÍS:

  • El Informe destaca que Chile ha desarrollado diversos instrumentos para identificar, evaluar y comprender sus riesgos de LA/FT, y que las autoridades competentes tienen un buen nivel de compresión de los riesgos de LA, aunque en materia de FT se advierten espacios de mejora en algunas de ellas.
  • Asimismo, resalta la implementación de sistemas preventivos antilavado y anticorrupción en las entidades públicas, los esfuerzos de supervisión conjunta entre autoridades, y las acciones operativas para fortalecer las investigaciones patrimoniales acordes con los riesgos detectados.
  • Respecto de la UAF señala que cuenta con sistemas que le permiten un análisis operativo y estratégico oportuno y de calidad de la información que recibe; que tiene sistemas de seguridad que protegen adecuadamente la confidencialidad de dicha información; y que proporciona al Ministerio Público un importante volumen de informes de inteligencia financiera, que luego se utiliza en la mayoría de las sentencias condenatorias por LA.
  • Chile cuenta con un modelo de supervisión basado en el riesgo que le permite dirigir acciones de supervisión conforme el nivel de riesgo de los sujetos obligados.
  • La cooperación internacional, la asistencia legal mutua y los pedidos de extradición en Chile son de carácter proactivo y se rigen bajo el principio de reciprocidad. El país brinda cooperación internacional espontánea utilizando diversos acuerdos bilaterales.
  • Chile cuenta con una autoridad central designada para atender la asistencia legal mutua (ALM) y la extradición de manera constructiva y oportuna. Los mecanismos tanto de ALM como de cooperación internacional han sido de utilidad para los estados requirentes, así como también en el ámbito interno.
  • Chile cuenta con un marco normativo para aplicar sanciones financieras dirigidas relacionadas con el FT que le permite la congelación de activos, aunque se advierten deficiencias técnicas que deben ser mejoradas.

 

DEFICIENCIAS DETECTADAS:

  • Se necesitan mejoras importantes en el marco legal del combate al FT, las que se deben ajustar a los estándares internacionales.
  • Se debe mejorar el marco legal para que permita cumplir con los mecanismos de congelamiento de bienes asociados a personas listadas como terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
  • Se debe actualizar el tipo penal de lavado de activos, incluyendo como delitos base, entre otros, los medioambientales, piratería y robo.
  • Se debe aumentar el número de investigaciones sobre lavado de activos, ya que se considera que son insuficientes con relación al número de investigaciones de otros de delitos base tales como el narcotráfico y la corrupción.
  • Se advierte que las sanciones, tanto administrativas como judiciales, son de baja cuantía, por lo que podrían no ser disuasivas.
  • Es necesario profundizar la comprensión del riesgo de FT en los sujetos obligados a reportar a la UAF para que efectúen mejores labores preventivas sobre dicho delito.
  • Se debe seguir capacitando a las autoridades sobre el riesgo del delito de FT y su combate. 
  • Se debe aumentar la coordinación de la UAF y la CMF para supervisar a las instituciones bancarias.
  • Es necesario generar una ley que permita crear un Registro de Beneficiarios Finales (BF) que cumpla con los estándares internacionales, y faculte el acceso a información actualizada, precisa y oportuna de los BF por parte de las autoridades competentes.
  • Se requiere mejorar el marco legal que permita una adecuada gestión de los bienes incautados en los juicios y su posterior venta en subasta. 
  • Es necesario incluir dentro de los sujetos obligados a reportar a la UAF a los abogados, contadores proveedores de servicios societarios y comerciantes de metales y piedras preciosas. 
  • Se debe reforzar la confidencialidad de las investigaciones de lavado de activos llevadas ante tribunales. 
  • Hay que fortalecer los recursos humanos y logísticos de las fiscalías especializadas, de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) y de las policías, para que puedan afrontar más efectivamente la carga laboral correspondiente a las causas ingresadas al sistema. 
  • Mejorar el marco legal de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), con el objetivo de que puedan ser parte del Sistema Nacional ALA/CFT. 
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