Declaración
El reciente fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema es consecuencia de la postergación de una reforma integral al sistema de aseguramiento privado, mandatada hace más de una década al Ejecutivo y los poderes colegisladores. La judicialización que ha enfrentado el sector obedece a dicha falta de respuesta y no a un incumplimiento de normas por parte de las Isapres, cuya operación es regulada y altamente fiscalizada por la autoridad.
En su dictamen, el máximo tribunal ordena a la Superintendencia de Salud aplicar el fallo a todos los afiliados. Queda bajo responsabilidad del regulador su correcta aplicación, para no arriesgar la supervivencia operacional de las Isapres.
El sistema está en una encrucijada y dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia de Salud el resultado será, o la transformación a un modelo más uniforme, o el caos, que tendrá como resultado la falla del sistema privado de salud, en un escenario de postpandemia y crisis económica.
En ese contexto, la voluntad política es clave para impulsar la transición de las Isapres al futuro ordenamiento, sin amenazar el equilibrio del sistema privado. Los resguardos que se adopten son cruciales: más de 330 mil afiliados tienen activada alguna garantía GES, alrededor de 350 mil personas son adultos mayores y más del 92% de los beneficiarios requirió atenciones de salud en el último año. Por ello vemos con preocupación la falta de urgencia en la toma de decisiones por parte del regulador; el centro de la discusión debe estar en generar soluciones inmediatas y sostenibles, que den claridad y certeza a las personas sobre la continuidad de sus coberturas, tratamientos y licencias médicas, permitiendo la operación del sector.
Lo que no puede suceder, y algo que debe resguardar la Superintendencia de Salud, es que una errada aplicación de la sentencia ocasione el golpe final al sistema de aseguramiento privado, con un daño directo no solo a los afiliados, sino a la mitad de la población del país que se beneficia con el uso de la red de prestadores privados, que resultaría severamente impactada, agravando, además, la abultada lista de espera de los hospitales.
Tenemos la convicción de que es posible cumplir con el mandato de la Corte Suprema sin afectar a los pacientes y beneficiarios, lo que depende exclusivamente del mecanismo que defina la Superintendencia de Salud y que debe ser fiel al espíritu de un dictamen que buscó el mejoramiento y no la eliminación del sistema privado de salud.
