Al presentar los tres proyectos de ley que envió el gobierno al Congreso para aumentar las pensiones y perfeccionar la regulación de las AFP, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó que “estamos convencidos que es el cambio más grande que se ha propuesto al sistema contributivo desde que partió el año 80” y destacó que se trata de una propuesta viable, sustentable, que aumenta el ahorro, cuida los incentivos y apoya especialmente las pensiones de la clase media y las mujeres. Sobre los plazos, declaró que “queremos sacar los tres proyectos”, pero que habrá pragmatismo y se avanzará en la medida que se cuente con los votos. Dijo que espera que la reforma constitucional esté despachada pronto de la Cámara de Diputados, ya que es un “proyecto simple, de dos artículos” que responde a la convicción que los ahorros de los trabajadores deben ser manejados por un organismo autónomo del gobierno de turno.
La autoridad se refirió al tema al presentar hoy, junto a la ministra del Trabajo Alejandra Krauss, el proyecto de Ley que crea un Nuevo Ahorro Colectivo y el que perfecciona el marco regulatorio de funcionamiento de las AFP (ambos con urgencia simple); además de una reforma constitucional que crea el administrador del Nuevo Ahorro Colectivo, un organismo autónomo denominado Consejo de Ahorro Colectivo (con suma urgencia). Ello en la sesión especial conjunta convocada al efecto por las Comisiones de Constitución, Hacienda y Trabajo de la Cámara de Diputados (ver presentación).
Tras detallar los contenidos de las iniciativas, Rodrigo Valdés detalló que el Nuevo Ahorro Colectivo considera tanto un aporte de 3% del sueldo del trabajador a su cuenta personal y un 2% que se destina a un fondo de ahorro colectivo, que se destina tanto a mejorar las pensiones de los actuales jubilados de vejez de AFP a los 65% años, un bono para las mujeres que jubilen y un aporte solidario intrageneracional. “Es un mecanismo de ahorro con redistribución, en que a los que nos va mejor ayudamos a los que no les va muy bien y ese aporte va a la cuenta personal. Es un gran incentivo a participar, ya que es sólo para los que cotizan y por eso es un gran incentivo a tener trabajos formales. Lo central es que el sistema ayuda a los que les ha ido peor en términos salariales a ahorrar un poco más. Es como un seguro colectivo”, explicó.
Con este mecanismo, dijo, algunos reciben en sus cuentas más del 5% que aporta el empleador y otros menos. “Por ejemplo, una persona de 300 mil de sueldo ahorra en su cuenta personal 5,2%. Es difícil pensar que ahí hay un impuesto si termina ahorrando más de lo que puso. Por cierto, una persona de 1,5 millones (de sueldo) pone 3% y termina ahorrando 3,4%. Ahorra más que el 3%, igual recibe, incluso el que está en el tope imponible recibe al 3,2% pero ciertamente contribuye algo más. El mínimo que ahorra quien recibe un sueldo de 300 mil en toda la trayectoria es 4%. ¿Por qué eso es importante? Ello son los que tienen más lagunas y un perfil de salarios que crece menos, por lo tanto, los que tenemos la suerte de tener trabajos más estables y mejores salarios podemos ayudar a aquellos que no lo tienen”, explicó.
Añadió que, según las estimaciones, en torno a 810 mil personas que ya están jubilados por vejez en AFP a los 65 años se benefician de inmediato del Nuevo Ahorro Colectivo; cuatro años después hay más de un millón de personas recibiendo beneficios y el sistema tiene un peak de más de 2,5 millones cuando se acerca a su consolidación.
En cuanto al impacto en salarios y empleo de la nueva cotización de 5% que considera el Informe de Productividad, el titular de Hacienda dijo que las cifras que allí se señalan “son las cotas superiores” estimadas, que suponen que el 5% “no se considera como de beneficio de las personas”, con “distintas estimaciones considerando distintas formas de aproximarse a esto y que todo ocurre inmediatamente”. Explicó que dichas proyecciones son el rango superior estimado “porque estos cambios son graduales y buena parte de lo que se contribuye al sistema significa beneficios. Por lo tanto, las personas están dispuestas a hacer este esfuerzo”. Destacó que este proyecto tiene “muchos incentivos a participar y que este Nuevo Ahorro Colectivo sólo ayuda a quienes participan (cotizan)”, por lo que al evaluarlo se debe considerar este aspecto, destacó.
En cuanto a los efectos fiscales de estas iniciativas, precisó que los más relevantes son el mayor gasto en que incurre el Estado por pagar el 5% adicional a los empleados estatales y por la disminución de impuestos asociada a la disminución de la base imponible de las empresas al ser el 5% un gasto necesario para producir la renta. Añadió que también hay impactos menores asociados al Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, la Comisión de Usuarios y el Sistema de Pensiones Solidarias. “Esto hacia el año 6 ó 7, equivale a 0,4 puntos del PIB, aproximadamente US$ 1.500 millones”, concluyó.
Tras detallar los contenidos de las iniciativas, Rodrigo Valdés detalló que el Nuevo Ahorro Colectivo considera tanto un aporte de 3% del sueldo del trabajador a su cuenta personal y un 2% que se destina a un fondo de ahorro colectivo, que se destina tanto a mejorar las pensiones de los actuales jubilados de vejez de AFP a los 65% años, un bono para las mujeres que jubilen y un aporte solidario intrageneracional. “Es un mecanismo de ahorro con redistribución, en que a los que nos va mejor ayudamos a los que no les va muy bien y ese aporte va a la cuenta personal. Es un gran incentivo a participar, ya que es sólo para los que cotizan y por eso es un gran incentivo a tener trabajos formales. Lo central es que el sistema ayuda a los que les ha ido peor en términos salariales a ahorrar un poco más. Es como un seguro colectivo”, explicó.
Con este mecanismo, dijo, algunos reciben en sus cuentas más del 5% que aporta el empleador y otros menos. “Por ejemplo, una persona de 300 mil de sueldo ahorra en su cuenta personal 5,2%. Es difícil pensar que ahí hay un impuesto si termina ahorrando más de lo que puso. Por cierto, una persona de 1,5 millones (de sueldo) pone 3% y termina ahorrando 3,4%. Ahorra más que el 3%, igual recibe, incluso el que está en el tope imponible recibe al 3,2% pero ciertamente contribuye algo más. El mínimo que ahorra quien recibe un sueldo de 300 mil en toda la trayectoria es 4%. ¿Por qué eso es importante? Ello son los que tienen más lagunas y un perfil de salarios que crece menos, por lo tanto, los que tenemos la suerte de tener trabajos más estables y mejores salarios podemos ayudar a aquellos que no lo tienen”, explicó.
Añadió que, según las estimaciones, en torno a 810 mil personas que ya están jubilados por vejez en AFP a los 65 años se benefician de inmediato del Nuevo Ahorro Colectivo; cuatro años después hay más de un millón de personas recibiendo beneficios y el sistema tiene un peak de más de 2,5 millones cuando se acerca a su consolidación.
En cuanto al impacto en salarios y empleo de la nueva cotización de 5% que considera el Informe de Productividad, el titular de Hacienda dijo que las cifras que allí se señalan “son las cotas superiores” estimadas, que suponen que el 5% “no se considera como de beneficio de las personas”, con “distintas estimaciones considerando distintas formas de aproximarse a esto y que todo ocurre inmediatamente”. Explicó que dichas proyecciones son el rango superior estimado “porque estos cambios son graduales y buena parte de lo que se contribuye al sistema significa beneficios. Por lo tanto, las personas están dispuestas a hacer este esfuerzo”. Destacó que este proyecto tiene “muchos incentivos a participar y que este Nuevo Ahorro Colectivo sólo ayuda a quienes participan (cotizan)”, por lo que al evaluarlo se debe considerar este aspecto, destacó.
En cuanto a los efectos fiscales de estas iniciativas, precisó que los más relevantes son el mayor gasto en que incurre el Estado por pagar el 5% adicional a los empleados estatales y por la disminución de impuestos asociada a la disminución de la base imponible de las empresas al ser el 5% un gasto necesario para producir la renta. Añadió que también hay impactos menores asociados al Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, la Comisión de Usuarios y el Sistema de Pensiones Solidarias. “Esto hacia el año 6 ó 7, equivale a 0,4 puntos del PIB, aproximadamente US$ 1.500 millones”, concluyó.
Temas regulatorios
El ministro también abordó las propuestas para mejorar la regulación de las AFP, comenzando con los cambios en la licitación de afiliados para potenciar la competencia, no sólo en materia de precios, y beneficiar también a los cotizantes más antiguos. Para eso se aumenta el periodo de licitación de 2 a 3 años, que podrá extenderse hasta por 3 años adicionales si la AFP muestra rentabilidades superiores al promedio del sistema; se establecen estándares de calidad de servicio y solvencia para la entidad que se adjudique la licitación, “porque no queremos que esto sea una carrera por cobrar lo mínimo sin que importen los demás estándares”; y se abre la opción de ofrecer una comisión diferenciada para afiliados nuevos y antiguos, “lo que debiera permitir que vuelvan a participar las AFP más grandes”.
Agregó que también se perfeccionará la regulación de las comisiones de intermediación para que la contratación de administradores de activos sea informada y más transparente, “cambios que son cuidadosos porque una mala regulación puede ser perjudicial para los afiliados si termina matando la rentabilidad”. Además, se establecerá que el 25% de las remuneraciones totales de los altos ejecutivos de las AFP se invertirán en cuotas de los Fondos y se avanzará en una serie de normas para hacer obligatoria la educación previsional, favorecer la participación de los afiliados en la gestión de sus fondos –incluyendo un fortalecimiento de la Comisión de Usuarios- y para mejorar los mecanismos de control de la Superintendencia de Pensiones sobre las AFP, entre otras materias.
El titular de Hacienda agregó que se promoverán economías de escala y coordinación en la cobranza de cotizaciones previsionales, ya que a diciembre de 2016 el valor de esa deuda llega a $2,643 mil millones y afecta a más de 2,2 millones de trabajadores. Para eso se impone a las AFP la obligación de establecer un sistema centralizado para la gestión de la cobranza previsional, a cruzar información sobre relaciones laborales con organismos como SII, DT, AFC y recaudadores; y a demandar en conjunto si hay deudas previsionales de un mismo empleador con distintas gestoras.
En cuanto al sistema de multifondos, Valdés comentó que se plantea una serie de ajustes para reducir el nivel de riesgo al que se pueden exponer los afiliados, especialmente cuando están cercanos al retiro, y mejorar las estrategias por defecto para moverse de un fondo a otro. “Los multifondos están hecho con un objetivo central que es aprovechar el premio por riesgo que hay en renta variable y adaptarse a diversas preferencias por riesgos, pero no debiesen usarse para apostar al mercado financiero y tratar de ganarle a posibles cambios en los precios de activos en el corto plazo. Eso es aportar con la jubilación de manera bastante peligrosa. De hecho, hemos tenido un aumento muy grande del fondo E y una caída en los otros en montos y personas. Esos cambios está bien que sucedan si son informados, pero no por razones de corto plazo y menos por razones ajenas a tener una buena pensión”, explicó la autoridad respecto de las restricciones que se proponen para evitar los traspasos masivos a fondos extremos.
Agregó que también se perfeccionará la regulación de las comisiones de intermediación para que la contratación de administradores de activos sea informada y más transparente, “cambios que son cuidadosos porque una mala regulación puede ser perjudicial para los afiliados si termina matando la rentabilidad”. Además, se establecerá que el 25% de las remuneraciones totales de los altos ejecutivos de las AFP se invertirán en cuotas de los Fondos y se avanzará en una serie de normas para hacer obligatoria la educación previsional, favorecer la participación de los afiliados en la gestión de sus fondos –incluyendo un fortalecimiento de la Comisión de Usuarios- y para mejorar los mecanismos de control de la Superintendencia de Pensiones sobre las AFP, entre otras materias.
El titular de Hacienda agregó que se promoverán economías de escala y coordinación en la cobranza de cotizaciones previsionales, ya que a diciembre de 2016 el valor de esa deuda llega a $2,643 mil millones y afecta a más de 2,2 millones de trabajadores. Para eso se impone a las AFP la obligación de establecer un sistema centralizado para la gestión de la cobranza previsional, a cruzar información sobre relaciones laborales con organismos como SII, DT, AFC y recaudadores; y a demandar en conjunto si hay deudas previsionales de un mismo empleador con distintas gestoras.
En cuanto al sistema de multifondos, Valdés comentó que se plantea una serie de ajustes para reducir el nivel de riesgo al que se pueden exponer los afiliados, especialmente cuando están cercanos al retiro, y mejorar las estrategias por defecto para moverse de un fondo a otro. “Los multifondos están hecho con un objetivo central que es aprovechar el premio por riesgo que hay en renta variable y adaptarse a diversas preferencias por riesgos, pero no debiesen usarse para apostar al mercado financiero y tratar de ganarle a posibles cambios en los precios de activos en el corto plazo. Eso es aportar con la jubilación de manera bastante peligrosa. De hecho, hemos tenido un aumento muy grande del fondo E y una caída en los otros en montos y personas. Esos cambios está bien que sucedan si son informados, pero no por razones de corto plazo y menos por razones ajenas a tener una buena pensión”, explicó la autoridad respecto de las restricciones que se proponen para evitar los traspasos masivos a fondos extremos.
