- Rodrigo Valdés alertó sobre los impactos que este conjunto de iniciativas podría tener tanto en el ámbito privado como en el sector público. Durante la jornada la autoridad también ratificó la postura del Ejecutivo sobre la inadmisibilidad de la moción que busca cambiar la facultad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos en materia de delitos tributarios.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó que en el actual escenario económico “no es el momento apropiado de ponerle nuevas cargas” al mercado laboral, al aludir al conjunto de iniciativas legales que buscan aumentar las vacaciones y feriados legales de los trabajadores.
Al participar en la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados dedicada a este tema, la autoridad dijo que los aumentos de días feriados y vacaciones “tienen efecto en el costo en la plantilla del sector público y desde esa perspectiva pensamos que el conjunto de las iniciativas no es admisible, por el efecto económico que tienen en el Presupuesto”.
El titular de Hacienda recordó que Chile ya tiene más feriados y vacaciones “que un típico país de la OCDE”, con cinco días adicionales. Respecto de costos directos de un eventual aumento, informó que la Dirección de Presupuestos calculó en $10 mil millones anuales el impacto fiscal mínimo, sin considerar el sector municipal y las Fuerzas Armadas, entre otros, y suponiendo que la productividad no cambia por lo que un día más de vacaciones obliga a contratar reemplazos. “Si uno toma la planilla llega a 20 mil millones de pesos. Es mayor porque en el gasto en personal existen más cosas que sólo el sueldo de las personas”, acotó.
Valdés agregó que, en el sector privado, de no mediar ajustes en salarios o productividad, “esto iría directamente al costo laboral”; es decir, obligaría a contratar más personal. A modo de ejemplo, detalló que cinco días libres adicionales sin cambios salariales implica un alza en el costo laboral entre 2% y 2,2%; lo que podría generar 1% de menor empleo. “Es evidente que, si esto es una sustitución, por ejemplo de un día vacaciones por un festivo, los costos son muy distintos”, comentó, pero advirtió que ve “difícil” poder bajar el número de feriados.
Durante la jornada, el ministro también asistió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados donde ratificó que la moción que propone facultar al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios “es inadmisible por invadir materias de exclusiva iniciativa del Presidente de la República”, juicio que ya había vertido tanto en la Comisión de Constitución de dicha Corporación y en la sesión especial de Sala de la Cámara Baja dedicada al tema. Recordó que la Constitución establece que sólo el Jefe de Estado puede crear nuevos servicios públicos, determinar sus funciones y atribuciones; sin embargo, la moción altera las funciones y atribuciones que la ley le reconoce al director del Servicio de Impuestos Internos (SII) y busca otorgar al Ministerio Público una atribución de la cual actualmente carece.
El ministro dijo que hoy existe una coordinación entre distintos entes del Estado en materia de delitos tributarios, pero que “por razones de experticia, es el SII el que puede determinar cuestiones de impuestos, es el que sabe del tema y ahí la lógica que esté radicado este principio de exclusividad en ese servicio”. Añadió que, además, “el principio de la acción penal es un elemento coadyuvante al objetivo de recaudar y, por lo tanto, tiene una ligazón muy fuerte con la lógica de recaudar. En términos de eficiencia, cualquier acción del Estado requiere de un análisis de costo-beneficio, que se determina mejor cuando el hacer investigaciones de este tipo directamente está en poder del que paga los costos”.
La autoridad comentó que facultad exclusiva del SII existe desde 1960 y que el organismo la aplica sobre la base de criterios “que prácticamente no han variado entre administraciones”. Afirmó que, aunque puede ser fácil argumentar sobre el riesgo de arbitrariedad cuando se usa una facultad que es discrecional, “me gustaría poner en duda si esto cambiaría si (esa facultad) está en manos de decenas y cientos de fiscales: ahí sí que la dispersión de criterios puede llegar a ser máxima. Si ese fuese el problema, no es esta la solución”.
