Con la participación de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y de Obras Públicas, Alberto Undurraga, la Sala del Senado despachó en primer trámite constitucional el proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura. La iniciativa, que se envió en mayo de 2016 al Congreso para potenciar la inversión en infraestructura mediante concesiones, deberá ser vista ahora por la Cámara de Diputados.
En el debate en particular, el ministro de Hacienda destacó la importancia de contar con esta nueva empresa pública para poder movilizar los recursos provenientes de una concesión que concluye hacia los mejores usos posibles para el Estado y los ciudadanos, además de permitir diseñar una cartera de proyectos de infraestructura con un horizonte mayor al plazo de los gobiernos. También abordó los detalles en materia de valorización de los activos del Fondo y los flujos que manejará, además de los requisitos establecidos para su gobierno corporativo, incluyendo regulación de los conflictos de interés y la política de post empleo, entre otras materias.
Un punto central planteado por el ministro fue el relativo a la necesidad de revisar cómo garantizar un adecuado control del Fondo, pero sin que ello implique que el órgano contralor pueda intervenir en decisiones de negocio o gestión de la empresa. Esto se tradujo en una indicación que, según dijo Valdés, “no era parte del proyecto original, pero tampoco teníamos los temas que hemos tenido con la Contraloría cuando escribimos este proyecto”.
Sostuvo que el rol de la Contraloría ha ido cambiando y aunque “no hay ningún problema en que la Contraloría escarbe hasta donde sea necesario en cualquier servicio público, si tratamos a una empresa como servicio – y no estoy diciendo que se trate siempre así-, no vamos a poder tener empresas públicas que funcionen”. Precisó que, en el desarrollo de sus actividades empresariales, el Estado debe someterse a la legislación común aplicable a los particulares para tener una “cancha pareja” para competir con los privados. “Creo que es muy importante decir que los temas de la Contraloría están diseñados para el gobierno central, para servicios y está muy bien que así sea. Necesitamos un set de regulación distinta para las empresas públicas”, opinó.
Valdés añadió que el proyecto de ley no implica la ausencia de controles, especialmente aquellos que son propios de las sociedades anónimas; ni se busca evitar las facultades de fiscalización de la Contraloría. “Entiendo bien que el contralor opina distinto en esto, pero en nuestra opinión, las consecuencias institucionales de aceptar a tesis actual de la Contraloría podrían afectar de manera muy fundamental, con consecuencias bien complejas, la existencia misma y eficiencia de algo como el Fondo de Infraestructura”. El ministro sostuvo que este es un tema complejo, que tiene varias aristas y que va mucho más allá de la discusión de un proyecto de ley. Por tanto, dijo que más allá de lo que ocurra con la indicación sobre el tema (que fue rechazada), es importante que este debate quede instalado como una discusión importante “que hay que hacer y que abordaremos en los próximos trámites”.
Ley de bancos y BancoEstado
Durante la jornada, el ministro también asistió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se aprobó por unanimidad la idea de legislar en la modernización de la legislación bancaria propuesta por el Ejecutivo, abriéndose plazo de 15 días para presentar indicaciones e iniciar el debate del texto en particular. La iniciativa busca fortalecer el gobierno corporativo del regulador en el marco de la nueva Comisión para el Mercado Financiero (CMF), aumentar la resiliencia del sistema bancario, adecuando los requisitos de capital a los estándares de Basilea III; y dotar al regulador con herramientas que permitan prevenir problemas de liquidez y solvencia de los bancos.
En la ocasión, la autoridad agradeció el respaldo brindado a la iniciativa y valoró el trabajo de la comisión técnica con representantes de los distintos partidos y del Ejecutivo, que logró importantes acuerdos en torno al texto y perfeccionamientos que se recogerán en las indicaciones. Entre ellos se incluyen perfeccionamientos a las reglas de aumento de capital requerido, los plazos para implementar estos aumentos (6 años desde que se apruebe la ley), el mecanismo de fusión del actual regulador bancario en la CMF; el mejoramiento de redacción para los bonos perpetuos, límites de créditos a grupos empresariales para cuando existen préstamos entre bancos, una transición para bancos sistémicos y otros, materias específicas para BancoEstado (como depuración del capital e impuestos, entre otros).
Previamente, la Comisión trató el cierre de la reciente negociación colectiva entre BancoEstado y su sindicato, en sesión que fue declarada secreta debido a la existencia de cifras que deben mantenerse en reserva por motivos de competencia, entre otras razones. Sobre el tema, Valdés comentó más tarde que desde 2006 existe una directriz del Ejecutivo que instruye que en dichos procesos el costo de planilla no debe crecer más de 1% real, lo que se ha cumplido en todos los procesos excepto en 2013 y 2015. Añadió que el resultado logrado “es un buen acuerdo para los trabajadores y es un buen acuerdo para la empresa” y recordó que, a la hora de evaluar impactos, se debe considerar que BancoEstado tiene una tasa de impuestos de casi del 70%, y por lo tanto, la diferencia de calcular el costo de la negociación antes o después de impuestos es relevante.
El secretario de Estado valoró que la administración y el sindicato hayan optado por negociar y llegar a acuerdo aún antes de que se resolviera el tema de los servicios mínimos ante la eventualidad de la huelga. “Digamos las cosas con claridad, en año de elecciones tampoco es tan fácil una negociación de BancoEstado y sobre todo una huelga de BancoEstado. Entonces ambas partes actuaron con suma responsabilidad y adelantaron la negociación”, indicó. En cuanto a la determinación de servicios mínimos, dijo que “en temas como el sistema de pagos eso es un tema muy relevante”. Admitió que es una materia compleja, “pero es muy importante definirlos de manera robusta, de manera que una negociación no sea desequilibrada respecto de la fuerza de un lado y de otro”.
