El Presidente de la República Sebastián Piñera, presentó un veto presidencial al proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, haciendo uso de su atribución para sancionar el proyecto, antes de su promulgación.
El Ejecutivo, después de analizar las modificaciones introducidas a la iniciativa durante su tramitación legislativa, considera que el proyecto despachado por el Congreso debe resguardar de mejor forma el principio esencial en materia de niñez: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Principalmente, porque condiciona la implementación del nuevo Servicio, a la Ley de Garantías, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, postergando de esta manera la necesidad de darle operatividad de manera urgente a este nuevo Servicio, por el bien de los niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos que hoy son usuarios del sistema de protección.
El nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, que reemplazará al actual Servicio Nacional de Menores en su parte de protección y adopción, forma parte de un compromiso adoptado por el Presidente desde el programa de gobierno, y da cumplimiento al menos a cuarenta de las noventa y cuatro medidas del Acuerdo Nacional por la Infancia.
Sin embargo, pese a haber sido construido transversalmente y aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras, dejó supeditada la vigencia del Servicio a la publicación de la ley de sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, lo que retrasará su implementación.
El proyecto de ley que crea el nuevo Servicio responde a la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con la niñez y adolescencia, lo que ha sido constatado por numerosos diagnósticos, informes, tragedias y denuncias que evidencian graves y profundas vulneraciones a los derechos de los niños.
El Informe del Comité de los Derechos del Niño, del año 2018, denuncia graves vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes que se encuentran internados en centros residenciales de protección, por lo que recomienda establecer dos sistemas separados, uno sobre la protección de los niños que necesitan asistencia y otro sobre los niños en conflicto con la ley.
“Tenemos una urgencia con los niños, niñas y adolescentes que se encuentran desprotegidos. Ellos son los principales beneficiarios de la red de protección social que el Presidente nos encargó fortalecer desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la implementación del nuevo servicio que nos permitirá decirle adiós al Sename, es un primer paso muy urgente. En paralelo, debe seguir avanzando la ley de garantía de los derechos de la niñez para asegurar la protección completa de niños, niñas y adolescentes”, dijo el ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristián Monckeberg.
“El foco del veto es el interés superior del niño, sobre todo de aquellos que más han sufrido por las falencias del Estado. Por eso, el veto busca apurar la respuesta a esos niños, cambiar algunas normas que podrían poner en riesgo su privacidad, y reforzar el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, tal como lo establece nuestra Constitución”, señaló la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
