El ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, tras recibir por segunda vez en el día a una delegación de representantes de los comuneros en huelga de hambre, entre los que se contaban varios miembros de sus familias, leyó un comunicado de prensa, pasadas las 21 horas:
“Con fecha de hoy, 29 de septiembre del año 2017, el gobierno declara lo siguiente:
El día 27 de septiembre este ministro del interior y seguridad pública dio a conocer la decisión de gobierno, en orden a solicitar la rebaja de medidas cautelares respecto de los comuneros Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo y el lonco Alfredo Tralcali, acto materializado el día de ayer 28 de septiembre.
Asimismo se señaló la disposición de enviar un proyecto de ley para trasladar al Código Penal todas las figuras delictivas contempladas en la Ley Antiterrorista actual, a fin de someterlas a la legislación penal común, derogando así la ley antiterrorista vigente.
Por último se comprometió el envío de un proyecto de ley para modificar la norma sobre prisión preventiva, especialmente aquellas sobre su límite temporal, acorde a los estándares internacionales sobre esta materia.
Las decisiones anteriormente señaladas se adoptan dado el convencimiento más auténtico de la condición deficitaria, en términos de justicia material y procedimental de la ley antiterrorista, lo cual además es concordante con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Lamentablemente en el día de hoy ha sido rechazada la solicitud del gobierno respecto de la sustitución por una de menor intensidad de las medidas cautelares respecto de los comuneros ya señalados.
Frente a este rechazo, el gobierno ha procedido a interponer un recurso de apelación, cautela de garantías y un recurso de amparo, para insistir en la sustitución de las medidas cautelares ya referidas.
Sin perjuicio de lo anterior, el gobierno ha instruido a los equipos jurídicos para que haga presente, en la oportunidad procesal correspondiente del proceso seguido en contra de los comuneros ya citados, que en el nuevo escenario que se ha generado ante su precario y riesgoso estado de salud, se proceda a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la causa, para someterlas al régimen de los delitos que corresponde, dentro del código penal.
Las decisiones adoptadas por el gobierno tienen por objeto conjugar de la mejor forma posible los propósitos de la justicia en el marco del estado constitucional de derecho, con las consideraciones de carácter humanitario que resultan ineludibles en una sociedad democrática y que pretende propender a la paz social con los instrumentos que el orden legal le provee”.
Consultado el secretario de estado si le preocupan las críticas o el costo de cambiar esta determinación, Fernández recalcó que “en materias humanitarias no se debe fijar uno en el costo político que se paga. Es un deber de todo gobierno actuar con justicia, por lo tanto, movido por este motivo el gobierno no está pensando ni e beneficios ni en costos políticos”.
También señaló que la decisión del gobierno ya había ha sido comunicada “a los afectados y a sus familiares, quienes han visto positivamente esta decisión y espero, estoy esperanzado en que la reacción que ellos tengan sea deponer la huelga de hambre”.
