Presidente Piñera da inicio al sistema de reparación a víctimas de minas antipersonales en Arica: “Sentimos su dolor como si fuera propio”

17 enero, 2019

La ley establece una reparación económica de hasta 900 UF para herederos de víctimas fallecidas o sobrevivientes con discapacidad.


En Arica, el Presidente Sebastián Piñera dio inicio este jueves al sistema de reparación y asistencia a víctimas por minas antipersonales y otros artefactos explosivos de origen militar, lo que beneficiará en hasta en 900 UF a afectados o herederos de fallecidos.

Los beneficios también establecen ayuda médica, rehabilitación e inclusión para los sobrevivientes.

“Decirles a las víctimas que sentimos su dolor como si fuera propio y, que, aunque tarde, creemos que estamos haciendo justicia al llegar con este elemento de compensación, que nunca va a ser total, pero sí es un símbolo de la solidaridad del pueblo chileno con aquellos que tuvieron que sufrir los accidentes y los sufrimientos, productos de estos artefactos mortales”, dijo el Mandatario en una ceremonia en el norte de Arica.

La ley, que entró en vigencia oficialmente en 2018 pero aún no se habían entregado sus beneficios, contempla también una asignación especial por fallecimiento de 45 UF por gastos fúnebres y establece que el Ministerio de Defensa deberá crear un Registro de Beneficiarios y un Catastro de Víctimas.

“Los mismos principios que deben iluminar las relaciones entre los países, son los que deben orientar las relaciones dentro de nuestro país. Y por eso un llamado a la unidad, al diálogo, a la colaboración, a los acuerdos, porque la historia nos ha enseñado, una y mil veces, que ese es el camino fecundo que nos permite alcanzar grandes logros”, agregó el Presidente Piñera acompañado del Ministro de Justicia, Alberto Espina, donde pudo escuchar testimonios de algunos afectados, ver los avances en esta materia y observar una detonación.

Con esta normativa, Chile da cumplimento a uno de los compromisos de la Convención de Ottawa, suscrita por nuestro país en 2002 y que establece la prohibición, destrucción y limpieza de las zonas minadas, además de entrega de asistencia a las víctimas.

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